A cargo de la Corte Suprema de Justicia quedó la decisión definitiva si se avala o no la mayoría de las pruebas que presentó el abogado Evaristo Rodríguez Felizzola, representante de víctima, quien busca que se le imponga una medida de aseguramiento al gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, en el marco del proceso en su contra por el delito de corrupción al sufragante cometido presuntamente en varias invasiones en Valledupar en el año 2011.

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Así quedó establecido luego de que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, Fernando Adolfo Pareja Reinemer, negara elementos probatorios a Rodríguez Felizzola, quien defiende los intereses del mayor Alberto Pimienta Cotes, dueño legal de varios predios invadidos en la capital del Cesar.

El administrador de justicia en la audiencia virtual desarrollada, en la mañana de este jueves, consideró que en la mayoría de los elementos presentados no se evidenció la relación que podían tener en torno a la medida de aseguramiento.

LAS PRUEBAS

Entre las primeras pruebas anunciadas estaban un video de Noticias Uno, los oficios sobre unas sanciones por desacato al gobernador y un oficio de una magistrada de la Corte Constitucional en el que se presentaban dos recursos para el desalojo y reubicación de la invasión Brisas de La Popa.

Otros elementos materiales fueron presentados mediante un informe de laboratorio de informática forense, sobre las redes sociales del gobernador Luis Alberto Monsalvo y el alcalde de Valledupar, Mello Castro, con el fin de presentar que presuntamente hubo un acuerdo previo entre los dos para atentar contra el derecho a la propiedad privada de la víctima. Asimismo se anexó un video del mandatario municipal en la invasión Altos de Pimienta en periodo de campaña en el que “aducía que los ayudaría con el problema”.

Al respecto, el magistrado Fernando Adolfo Pareja argumentó que eran negados porque no se relacionan al hecho investigado: “No se repone la decisión que negó la prueba porque el solicitante no demostró la adecuación del hecho que pretende probar en los hechos relevantes para imponer la medida de aseguramiento pues se relaciona en este argumento en que consiste en un acuerdo previo entre el procesado y el alcalde. Respecto al video no se acreditó relación con el procesado incurriéndose con la carga de exponer pertinencia e intimidad”, afirmó.

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ANTECEDENTE

En la penúltima audiencia, estas últimas pruebas también habían sido cuestionadas por el abogado Alejandro Sánchez, apoderado del gobernador y el mismo fiscal del caso, Javier Cárdenas.

El jurista Alejandro Sánchez había expuesto que no se podía utilizar “una audiencia preliminar para imputar delitos que no están siendo objetos dentro del proceso, para tratar a alguien como coautor en un delito que no lo es, para decir que hay un delito más de invasión de tierras, para insinuar que hay un concierto para delinquir, prevaricato, esos delitos no existen en el proceso, no están”, aseguró.

Mientras que el representante del ente acusador, tal como sucedió ahora, había pedido que no se tuvieran en cuenta había pedido que no tuvieran en cuenta las pretensiones del abogado Evaristo Rodríguez porque las pruebas no reflejaban que el gobernador estuviera violando algún derecho a las víctimas.

“Quiero señalar que de los medios de conocimiento que él (abogado de la víctima) se refiere del año 2020 expresamente habla es de actos realizados por el actual alcalde de Valledupar, persona diferente a la que se está judicializando en este procedimiento”, puntualizó Cárdenas.

¿QUÉ VIENE AHORA?

La determinación del magistrado fue apelada por el abogado Evaristo Rodríguez Felizzola para que nuevamente los elementos sean valorados por la Corte Suprema de Justicia.

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Si la decisión es ratificada, el apoderado de la víctima sustentará la solicitud de medida de aseguramiento solamente con un testimonio validado.

El abogado Rodríguez cuando anunció las pruebas en audiencias anteriores manifestó que lo que pretendía demostrar era que el gobernador desde su cargo durante todos estos años se ha dedicado a consolidar las invasiones con la ayuda de algunos mandatarios municipales.