La grave situación de orden público que atraviesan municipios como Chiriguaná, La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, motivó un Consejo Regional de Seguridad durante los días 4 y 5 de agosto en los municipios de Chiriguaná y La Jagua de Ibirico con la presencia de autoridades departamentales, Fuerza Pública y alcaldes del corredor central del Cesar. La reunión fue convocada tras la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, que advierte sobre el accionar del Ejército Gaitanista de Colombia y el ELN, quienes buscan controlar el territorio y ejercer dominio social en veredas y corregimientos de estos municipios.
Este viernes 8 de agosto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez estará en Valledupar para escuchar de primera mano las propuestas de los mandatarios locales y avanzar en nuevas estrategias de seguridad. El encuentro se llevará a cabo en el Archivo Departamental, bajo el liderazgo de la Gobernación del Cesar.
Durante el consejo de seguridad, los alcaldes expusieron sus mayores preocupaciones, entre ellas, el aumento de hechos violentos, amenazas a líderes sociales, presencia de grupos armados ilegales y falta de recursos para enfrentar la criminalidad. “No se puede pensar en combatir a los grupos al margen de la ley cuando cada día contamos con menos policías y soldados”, dijo el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, quien criticó los recortes al presupuesto del Ministerio de Defensa y propuso crear una bolsa regional de seguridad entre los municipios del Corredor de Vida.
Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, instó a los mandatarios a preparar una propuesta sólida para la visita del ministro. “Los alcaldes, la fuerza pública y los entes de control estamos preparados para defender nuestro territorio del terrorismo. No podemos permitir que el centro del Cesar caiga en manos de los grupos al margen de la ley”, señaló.
Las peticiones fueron contundentes. Fabián Martínez, alcalde de Becerril, solicitó mayor presencia operativa del Ejército y la Policía. Jesús Ortiz, de El Paso, pidió resultados concretos contra estructuras delincuenciales. Hermes Martínez, de Curumaní, manifestó su lucha contra el microtráfico, pese a los límites presupuestales. El secretario de Gobierno de Astrea, pidió la instalación de una base militar ante la ausencia del GOES por categoría del municipio. Carlos Salja, secretario de Gobierno de Chiriguaná, denunció múltiples amenazas contra civiles y se comprometió a trabajar en una estrategia conjunta.
Desde el Ejército Nacional y la Policía también hubo compromisos. “Estamos fortaleciendo la presencia en Chiriguaná, La Jagua y Becerril, y priorizando la cobertura operativa en Curumaní y Astrea”, expresó el teniente coronel Pedro Martínez.
Finalmente, la Procuraduría Regional respaldó las denuncias de los mandatarios, afirmando que los hechos coinciden con las alertas de riesgo emitidas. “Hay una disputa por el control territorial que exige una respuesta urgente del Gobierno Nacional”, señaló el procurador.
Redacción judicial / EL PILÓN
