Una de las conclusiones más importantes del debate de control político que se desarrolló este jueves en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes  sobre el estado de la Universidad Popular del Cesar, UPC, es que el Ministerio de Educación Nacional, MEN, se comprometió a girar más de $2.400 millones adicionales para este centro de educación superior.

Este recurso, anunciado por el viceministro de Educación Maximiliano Gómez, pretende, junto con el aporte del gobierno departamental, atender la falta de dinero para poder suplir la carga salarial de los docentes de la alma mater para el próximo semestre. 

“La universidad va a recibir $2.442 millones que no tenía presupuestado porque el artículo 87 de la Ley 30  condiciona el giro de estos recursos al crecimiento de la economía”, manifestó Gómez Torres en la sesión que propuso el representante cesarense Christian José Moreno. 

SOBRE LA LEY 30 DE 1992 

La Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, la cual consagra los fundamentos de la educación superior, expone en el artículo 87: “A partir del sexto año de la vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional incrementará sus aportes para las universidades estatales u oficiales, en un porcentaje no inferior al 30 % del incremento real del Producto Interno Bruto”. 

Por tanto, el viceministro manifestó que como este año “hubo un repunte de la economía, hay partidas muy importantes para las universidades públicas”. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, el Producto Interno Bruto, PIB, del primer trimestre del 2022 presentó un crecimiento de 8,5 %. 

Sin embargo, el representante por Bogotá David Racero, miembro del Pacto Histórico, aseveró que el citado artículo y el 86 deben reformarse porque ‘el presupuesto es fundamental para la educación pública’. 

El Artículo 86 de la mencionada norma decretó: “Los presupuestos de las universidades estarán constituidos por aportes del presupuesto nacional para funcionamiento e inversión, por los aportes de los entes territoriales, por los recursos y rentas propias de cada institución”. 

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ADMINISTRACIÓN AUSTERA 

El reto del rector en propiedad Rober Romero, y todo el equipo financiero, es desarrollar una administración austera por el beneficio de la comunidad upecista y  de la educación del departamento del Cesar, con el fin de evitar un  nuevo déficit presupuestal como el que ha afectado el funcionamiento de la alma mater. 

“La misma calidad educativa que tiene la Universidad Nacional la deben tener los estudiantes de la UPC”, expresó Romero Ramírez en el debate, donde le acompañaron el representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario Juan López y otros miembros del máximo órgano institucional.  

Aunque ya se pagaron las prestaciones sociales a los docentes ocasionales por la vigencia 2021, el desafío ahora es no llevar el déficit de un año a otro. Por lo pronto, los docentes esperan el pago de sus honorarios por los meses de abril y mayo.

POR ANDREA GUERRA / EL PILÓN. 

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