Desde el pasado jueves 28 de agosto, 10 municipios del departamento del Cesar dejaron de contar con el Programa de Alimentación Escolar, PAE, afectando a estudiantes del sector oficial que no tienen acceso a este servicio alimenticio. Sin embargo, el rubro faltante para la continuidad del programa podría ser aprobado en los próximos días.
De acuerdo con la secretaria de Educación del Cesar, Yasmín García, el proyecto de adición contempla garantizar el servicio por un periodo de 47 días del calendario escolar en 22 Entidades Territoriales no Certificadas del departamento del Cesar. El radicado ya cuenta con la aprobación de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender (UApA) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP).
“El proyecto de regalías radicado a la fecha está revisado y aprobado por la UApA y el DNP, falta la aprobación por parte del Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda. Esta semana debe darse dicha aprobación y emitir el concepto favorable que conlleva a la asignación de recursos del Sistema General de Regalías”, explicó García.
Sobre la población estudiantil que volvería a beneficiarse del programa, García puntualizó que serían en total 99.341 estudiantes de la zona norte y sur del Cesar, exceptuando los municipios de Río de Oro y González, debido a que se les asignó recursos en el marco del estado de conmoción interior de la zona del Catatumbo. Estos dos municipios tienen el PAE garantizado hasta el último día del calendario escolar.
El proyecto
El proyecto de adición que está a la espera de la aprobación del Ministerio de Educación Nacional, MEN, está por un valor de $29,1 mil millones, incluyendo su interventoría técnica, jurídica y financiera. Dentro del radicado se precisa que a través de este rubro se suministrará a 38.799 estudiantes de jornada única, durante 47 días, 1.823.553 complementos alimentarios almuerzo, modalidad preparada en sitio.
Seguidamente a 19.900 estudiantes de jornada regular, durante 47 días, 935.300 complementos alimentarios almuerzo, modalidad preparada en sitio; a 7.119 estudiantes de jornada regular, durante 47 días, 334.593 complementos alimentarios jornada mañana/tarde modalidad preparada en sitio; y, por último, a 33.523 estudiantes de jornada regular, durante 47 días, 1.575.581 complementos alimentarios jornada mañana/tarde modalidad industrializada.
“Para un total de 4.669.027 de complementos alimentarios en 730 sedes en 22 municipios no certificados del Cesar (se excluyen los municipios de González y Río de Oro), durante la permanencia del calendario escolar de la vigencia 2025. Este proyecto no incluye población indígena”, se lee en el proyecto.
Municipios afectados
En el norte del departamento, el PAE fue adjudicado a la Unión Temporal Alimentos 2025, representado legalmente por Breyner Torres Romero, por un total de $31.338 millones. Esta UT está conformada por la Fundación para el desarrollo Berakah, Fundación Social Futuro para Todos (Fundecom) y Fundación para el desarrollo productivo y sostenible de las regiones de Colombia.
Dicho rubro no fue suficiente para garantizar el servicio hasta el último día calendario, por lo que desde el pasado jueves 28 de agosto los municipios de Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, El Copey, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure y San Diego dejaron de contar con el programa.
En el sur del departamento, el PAE fue adjudicado a la ‘Unión Temporal PAE Sur del Cesar 2025’, representada legalmente por Robinson Cely Cely, un contratista que ha tenido cuestionamientos en diferentes departamentos.
La UT que se ganó el contrato de $24.000 millones está conformada por Inversiones Ramfor LTDA y la Fundación Unidos Nutriendo Sueños. Estas mismas empresas se ganaron el PAE en el 2022 y 2023 y participaron en otros años. En esta zona, la tercera semana de septiembre dejarían de contar con el servicio de no ser aprobado el proyecto, los municipios de San Alberto, Gamarra, La Gloria y Pelaya.
“Los municipios del sur que a la fecha el departamento no les suministra alimentación en las sedes educativas focalizadas son: Aguachica, San Martín, Tamalameque, Chimichagua, Curumaní y Pailitas”, dijo la secretaria de Educación del Cesar.
Territorios indígenas
En el caso de los pueblos indígenas, alrededor de 9.000 estudiantes tienen garantizado el servicio hasta el final del año escolar. Esto es gracias a contratos suscritos directamente con los resguardos. De acuerdo a García, los municipios de la zona norte que siguen contando con el programa son los municipios de Pueblo Bello y Agustín Codazzi.
“Pueblo Bello y Agustín Codazzi tienen zonas indígenas. Estos municipios asumieron la prestación del servicio y en el caso de Pueblo Bello iniciaron el 16 de junio y, en Codazzi, el alcalde asume un recurso significativo de regalías adicionadas a la fuente de financiación de SGP del DNP. Nosotros iniciamos desde el primer día calendario escolar, en el caso de Pueblo Bello, por ejemplo, iniciaron el 16 de junio, por eso todavía les queda para cubrir el servicio”, dijo la secretaria
El déficit de recursos en el programa no solo afecta al Cesar. El director de la UApA, Sebastián Rivera, anunció que más de 70 entidades territoriales certificadas que tienen bajo su responsabilidad el PAE, están en crisis y también han tenido que suspender el servicio. Esta unidad administrativa informó que al menos 492.000 niños y niñas del país estarían en riesgo de quedarse sin el complemento alimenticio.
¿Cómo está el PAE en Valledupar?
De acuerdo con la cartera de Educación Municipal, en lo corrido del 2025, se han invertido más de $29.000 millones en el PAE Mayoritario y más de $3.300 millones en el PAE Indígena, que beneficia a las comunidades arhuaca, kankuama, kogui y wiwa distribuidas en los corregimientos y veredas del municipio.
“Esta inversión asegura la sostenibilidad del programa durante todo el año escolar y ratifica la apuesta de la administración por ofrecer una alimentación adecuada y segura a la población estudiantil”, puntualizó la Alcaldía de Valledupar.
En ese sentido, la secretaria de Educación de Valledupar, Karol Lobo, explicó que la cobertura del programa alcanza el 70 % de la matrícula oficial, un logro que refleja el “compromiso institucional” de generar bienestar, inclusión y permanencia escolar para niños, niñas y adolescentes de Valledupar. Acotando así que el programa está operando en 49 instituciones educativas urbanas y 70 rurales del sector oficial.
Por Namieh Baute Barrios
