Preocupados se encuentran las más de 3.000 familias de las invasiones Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta y Bello Horizonte II de Valledupar a raíz de un oficio de la Inspección Séptima de La Nevada que los notificó de que se están adelantando diligencias para desalojarlos de sus viviendas el próximo 30 de octubre del presente año. 

De acuerdo con la notificación, estos sectores que se encuentran en el predio Sabana 1, ubicado en la vereda Cominos de Tamacal, serán desalojados en el cumplimiento de la resolución 001534 emitida el cinco de julio de 2014. En ese sentido, el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez, aseveró que el procedimiento se realizará cumpliendo los requisitos establecidos en la Sentencia SU-016 de 2021, la cual aborda las medidas de amparo en el marco de los procesos de desalojo de la población desplazada.

“La administración en cumplimiento del fallo judicial ha fijado la fecha para realizar el desalojo, pero eso está supeditado a los informes que presente la Personería Municipal, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el ICBF como entidades que garantizan los derechos humanos. Miles de familias habitan en esas invasiones por lo que proceder a un desalojo de esa magnitud se convierte en un problema de orden público”, manifestó Pérez. 

Según el funcionario, la administración contempla que están “frente a un estado de cosas inconstitucionales” debido a que no se debería permitir un desalojo cuando hay presencia de personas sujetas de especial protección constitucional como lo son las víctimas del conflicto armado, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad y grupos étnicos, por lo que revisarán el proceso con las entidades mencionadas. 

UN DESALOJO HISTÓRICO 

De acuerdo con registros, en el 2008 un grupo de aproximadamente 800 familias en situación de desplazamiento, 1.600 niños y 1.400 adultos, invadieron este predio que tiene por nombre Sabana 1 y dividieron el terreno en cuatros sectores que son conocidos actualmente como Brisas de La Popa, Guasimales, Altos de Pimienta, y Bello Horizonte 2.

Debido a dicha invasión ilegal, Alberto Pimienta Cotes, propietario del predio, instauró en noviembre de 2008 una querella con la cual buscaba el desalojo, sin embargo, no fue posible. Posteriormente un grupo de las familias asentadas en el terreno interpusieron una acción de tutela pidiendo una suspensión del desalojo, una reubicación y la inclusión en un programa de vivienda digna.

En respuesta, la Corte Constitucional el 16 de diciembre de 2011, ordenó a la Alcaldía de Valledupar, a la Gobernación del Cesar, a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, “que dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la presente sentencia garantice un albergue provisional a todas las personas desplazadas asentadas en el predio denominado La Sabana 1″.

La Corte también ordenó que en un término inferior a tres meses “si existe un plan de vivienda para la población desplazada dentro de los planes de desarrollo municipales y departamentales, incluya a los accionantes en el mismo y en caso de que no exista un plan para ello, en el término de seis meses se deberá adoptar un plan municipal de realización plena del derecho a la vivienda digna”, sin embargo, los habitantes no fueron desalojados ni reubicados en nuevas viviendas. 

LAS FAMILIAS 

Casas edificadas, tiendas, locales comerciales, peluquerías y hasta talleres de moto se encuentran ubicados en estas invasiones que albergan a más de 3.000 familias que en su mayoría han invertido sus ahorros, tiempo y esperanzas en un terreno que ya tiene dueño. 

Al respecto, César Ahumada, líder de la Comuna 5 de Valledupar, manifestó que los habitantes de estos sectores se encuentran agobiados ante dicho desalojo y que esperan reunirse con la administración municipal para hallar una solución que no los deje sin una casa donde vivir. 

“El viernes pasado tuvimos una reunión en la que dialogamos sobre la notificación de desalojo y por eso quisiéramos que se diera el espacio con el señor alcalde para tratar este tema. Hay personas que son aprovechadas y ya están diciendo que nos van a defender de la orden de la Corte, pero ante ese fallo no hay recurso que valga”, argumentó Ahumada. 

Acotó que se acogerán a los derechos humanos y a la Sentencia SU-016 de 2021 para que sean amparados como sujetos de especial protección constitucional. Lo anterior con el propósito de que sean contempladas medidas que les salvaguarde sus derechos a una vivienda digna. 

Por Namieh Baute Barrios – @Namiibb