En un nuevo operativo contra el maltrato animal y el uso irresponsable de vehículos de tracción animal, realizado tras una denuncia ciudadana el 6 de julio, la Policía Metropolitana de Valledupar capturó en flagrancia a un hombre que conducía un caballo en deplorables condiciones físicas, resaltando la importancia de la denuncia ciudadana y la aplicación de la Ley 1774 de 2016.
El hecho ocurrió en la diagonal 19A del barrio Sabanas del Valle, cuando los uniformados interceptaron a Juan D. Quintero, de 21 años, quien manejaba una carreta jalada por un equino que presentaba evidentes signos de maltrato. Al ser evaluado por un médico veterinario de la Secretaría Local de Salud, el animal mostró múltiples lesiones en el pecho y la ternilla, además de un pelaje opaco, pérdida de brillo, raspaduras, alopecia, dermatitis y laceraciones. Este diagnóstico evidenció daños causados presuntamente por exceso de carga y el uso frecuente de arreos inadecuados.
La segunda captura por lesiones a animal en la ciudad
El equino, cuyo valor comercial es cercano a un millón quinientos mil pesos, fue rescatado tras la acción policial y el capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía 35 Local de Valledupar por el delito de lesiones que menoscaban gravemente la salud o integridad física del animal, tipificado y sancionado bajo la Ley 1774 de 2016, que establece las bases de la protección animal en Colombia. Esta es la segunda captura en la ciudad este año por maltrato animal contra caballos utilizados en vehículos de tracción.
El coronel Álex Durán Santos, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, manifestó el compromiso institucional con la protección y el bienestar animal en la ciudad: “No podemos permanecer indiferentes ante el sufrimiento de los animales. Cada denuncia oportuna puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para un ser sintiente. Ya son dos personas capturadas este año por maltrato animal, gracias al apoyo de la comunidad”.
El problema de los Vehículos de Tracción Animal
Este caso cobra relevancia en medio de la problemática persistente sobre el uso de vehículos de tracción animal en Valledupar y el incumplimiento de la Ley 2138 de 2021, que ordena la sustitución progresiva de estos vehículos por automotores homologados y la reconversión sociolaboral de quienes dependen de esta actividad.
Anteriormente, se han registrado múltiples denuncias sobre caballos agotados, sobrecargados y maltratados, como fue el caso divulgado el 19 de junio en el barrio Arizona, donde un equino fue empujado por varias personas a pesar de su evidente estado de agotamiento.
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Francy Lozano, miembro del comité facilitador de la política pública de protección y bienestar animal en Valledupar, recordó que, aunque se avanzó en la entrega de vehículos automotores y la identificación de trabajadores de VTA, la falta de seguimiento y control ha permitido que persista la explotación animal. “Otra vez estamos viendo caballos llevando cargas horribles… El problema es que la gente vendió la moto, conservó fue el caballo y la alcaldía no les retiró los caballos ni los puso en un sitio donde pudieran estar libremente sin carga de trabajo. Entonces, ahí los estamos viendo otra vez”, señaló Lozano en declaraciones anteriores para este medio.
Más denuncias, más consciencia
La comunidad animalista y buena parte de la ciudadanía insisten en un mayor control y sanciones efectivas, complementadas con procesos educativos para que la reconversión sociolaboral sea real y sostenible. Según Lozano, “esto es un tema de educación y sensibilidad; primero tienen que hacer una sensibilización, conciencia y capacitación. Si van a invertir recursos en darles otro vehículo, tienen que hacerles ver que tienen una responsabilidad con eso”.
Recordemos que la Ley 1774 de 2016 contempla sanciones específicas para quienes cometan maltrato o causen lesiones graves a los animales, un marco legal reforzado por la Ley 2138 de 2021 para la regulación y eliminación de vehículos de tracción animal en Colombia. En Valledupar, la aplicación de estas normas se desarrolla en coordinación con autoridades municipales, ambientales, policiales y la Fiscalía para garantizar la protección efectiva de los animales.
