El viernes 6 de diciembre se presentaron las políticas públicas de discapacidad e inclusión para la población LGBTIQ del departamento del Cesar, después de varios años de trabajo para consolidar un marco que responda a las necesidades de ambos sectores. Sin embargo, se ha documentado que desde 2008 el departamento no contaba con una política pública específica para la población discapacitada.

EL PILÓN tuvo la oportunidad de conversar con María Consuelo Sánchez, consultora especializada en procesos de planificación territorial, participativa y de gestión, quien jugó un papel fundamental en la elaboración de ambas políticas públicas.

La Ley Estatutaria 1618 de 2013

Sánchez explica que “desde el 2008 no se tenía política pública para personas con discapacidad” y subraya la urgencia que tiene el departamento de cumplir con la Ley Estatutaria 1618 del 2013, conocida como la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ley establece medidas fundamentales para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, el Decreto 762 de 2018 otorga a los territorios el poder y las obligaciones necesarias para crear políticas públicas dirigidas a la población LGBTIQ. En este contexto, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 tiene como objetivo “garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acciones afirmativas, ajustes razonables y la eliminación de toda forma de discriminación por razón de discapacidad”, según el Ministerio de Salud y Protección Social.

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El documento se elaboró a través de un proceso participativo para construir una política pública sobre discapacidad e inclusión, que incluyó una convocatoria abierta a toda la población discapacitada. Según datos del IDREEC, en enero de 2024 se registraron 2.613 personas con discapacidad en 15 municipios del Cesar.

“Todas las políticas públicas tienen un proponente participativo, pero en Colombia existen mecanismos de participación ciudadana que pueden ser utilizados para involucrar a la comunidad en la construcción de políticas públicas”, explica Sánchez, refiriéndose a la política formulada para la población con discapacidad.

Cinco ejes de la PP para población discapacitada del Cesar

“Es un proceso que se venía construyendo desde el gobierno anterior”, enfatiza la consultora. El documento tiene como objetivo “garantizar desde la Institucionalidad y sus competencias, el goce pleno y efectivo de los derechos humanos y libertades fundamentales, la equiparación de oportunidades y la inclusión social de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad”. 

En total, se han delineado 114 acciones afirmativas organizadas en 26 líneas programáticas, distribuidas en cinco ejes. El primero se centra en fortalecer la institucionalidad para garantizar los derechos de la población discapacitada en todo el departamento. El segundo eje establece garantías jurídicas para las personas con discapacidad (PCD), asegurando que “gocen de igualdad al acceso a la justicia y protección jurídica”, dice el documento. Esto incluye a todas aquellas personas que, incluso tras el conflicto armado colombiano que afectó gravemente a la región, puedan acceder a dichas garantías.

El tercer eje busca ampliar los espacios de participación política y pública para las PCD, “con enfoque en la participación comunitaria”, explica Sánchez. El cuarto eje se enfoca en fortalecer las capacidades de las PCD, así como de sus familias y cuidadores, para que también puedan acceder a servicios de salud, educación, empleo, cultura y deportes. Este eje es especialmente relevante dado que más de medio millón de cuidadores en todo el país no gozan de derechos, no cuentan con pensiones ni reciben remuneración alguna. Además, cumple con lo establecido en la Ley 2297 del 2023, que reconoce la figura del cuidador.

Un último eje del enfoque propuesto reconoce la diversidad de los distintos tipos y formas de discapacidad. En este sentido, se hace un llamado a fomentar “un cambio en el imaginario social, destacando a las PCD como parte integral de la diversidad humana y reconociendo su dignidad inherente”, explica Sánchez. Esta perspectiva busca no solo visibilizar a las personas con discapacidad (PCD), sino también promover su inclusión plena en todos los aspectos de la sociedad.

¿Qué sigue después de radicar la política pública?

Se presenta ante la Asamblea Departamental el proyecto de ordenanza sobre política pública, acompañado de los conceptos y anexos pertinentes, para su debate y aprobación. La gobernadora sustentará la política pública formulada para su respectiva aprobación.

La Asamblea Departamental, en el ejercicio de sus funciones, llevará a cabo el debate del proyecto de política pública. Durante este proceso, se emitirán recomendaciones y se solicitarán aclaraciones sobre los puntos que sean necesarios, permitiendo así que el Gobierno departamental las revise y adopte las modificaciones pertinentes.

De esa manera se asegura que la Asamblea, en cumplimiento de su rol, no sólo evalúe el proyecto, sino que también contribuya a su mejora mediante un análisis crítico y constructivo.

Por Katlin Navarro / EL PILÓN