El pasado martes 7 de noviembre, la Secretaría General de Corpocesar trasladó a la Procuraduría General de la Nación las recusaciones interpuestas contra diferentes miembros del Consejo Directivo de la entidad. 

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Las recusaciones se dieron el 27 de octubre, cuando los miembros del Consejo Directivo pretendían elegir al director de Corpocesar para el periodo 2024-2027. Entre los miembros se recusaron. Argumentando que ante el rompimiento del quórum (la mitad más uno) no se podía tomar una decisión, la Secretaría General de la entidad trasladó las recusaciones al Ministerio Público.

La Procuraduría, a través de un oficio, pidió suspender el proceso mientras toma una decisión de fondo. Pero cabe recordar que el proceso de elección de director ya estaba suspendido por una tutela interpuesta por Adriana Carolina  Royero Ibarra.

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La tutela tenía como propósito evitar la presunta vulneración de un derecho fundamental. Por eso, el juez suspendió el proceso hasta que “se adopte una decisión de fondo en el asunto sub examine”. La misma línea de la Procuraduría General.

CONTEXTO

Como hemos reportado en varias ocasiones en nuestras páginas, en la elección de Corpocesar se ha dado una lucha de poderes entre clanes locales y Presidencia por quién toma el poder y monta director para el periodo 2024-2027.

El Consejo  Directivo está conformado por 13 miembros: 4 alcaldes; 2 representantes de los gremios empresariales; 2 representantes de las ONG; un representante de la comunidad indígena, uno de las negritudes, un delegado del presidente Gustavo Petro, un delegado del Ministerio de Ambiente y el gobernador. 

Dentro de la política del Gobierno nacional de tomar el control de las corporaciones, los representantes del Ministerio de Ambiente, Presidencia, las ONG, comunidades indígenas, negras y el alcalde de Tamalameque, Luis Lascarro, se unieron y formaron una mayoría de 7, suficiente para elegir al director sin la venia de Kaleb Villalobos y la familia Gnecco. 

Sin embargo, esa mayoría no ha podido elegir director por las decisiones judiciales, en primer lugar, y ahora por la intervención de la Procuraduría General ante la falta de quórum. El afán de ese sector mayoritario alineado a Presidencia es que el 31 de diciembre cambian los alcaldes, y por lo tanto algunos miembros del Consejo Directivo. Y los 25 nuevos mandatarios se mueven bajo las órdenes de los Gnecco.