Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Control de Garantías, la Fiscalía 12 seccional reveló los detalles de la investigación que se adelanta en contra del exalcalde de Valledupar y exviceministro de Empleo y Pensiones, Fredys Miguel Socarrás Reales, por presuntamente negociar dos lotes de la Alcaldía Municipal por un precio muy inferior a su valor real, mediante permuta con otro particular, cuando fungió como mandatario entre el periodo 2012 – 2015.

Sobre la investigación que tuvo su origen en una denuncia de la Contraloría Municipal, en virtud de unos hallazgos identificados en la auditoría a cargo de la oficina de control fiscal, realizado entre la fechas 10 de mayo y 24 de octubre de 2015, al contrato de permuta, el ente acusador indicó que mediante informes de campo de peritos de la Fiscalía de Bogotá e informe del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, encontró varias irregularidades con respecto a la valoración de los predios y la manera en que se tranzó el negocio.

“El informe del perito dice que el valor comercial de los lotes identificados como uno y dos de la Alcaldía, por metros cuadrados para el año 2015 eran de $173.607 pesos, lo que significa que multiplicado por el área total de los lotes es de un valor de $11.528.213.103 y el negocio se pactó por $8 mil 428 millones existiendo una diferencia importante. También señala que el perito expresó que la diferencia sería de más de tres mil millones de pesos, que para la Fiscalía constituye un detrimento patrimonial del ente territorial”, dijo el fiscal del caso en las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

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Según la Fiscalía, la Alcaldía Municipal encomendó el avalúo de los lotes a permutar al arquitecto Eduardo José Ustáriz Arimendi, que hacía o hace parte de la empresa de bienes raíces, Lonja, y quien presentó exámenes periciales con fecha del 28 de julio y 3 de diciembre de 2015, arrojando que el valor para el predio de la señora María Inés López Reyes fue avaluado en $8.428 millones y por los dos lotes del municipio unos $8.421 millones.

“Sin embargo, para efecto de la presente investigación, no existe documento contractual de consultoría que documente o respalde dicha gestión”, dijo el fiscal 12 seccional, quien agregó que a la hora de hacer el cambio de los predios contactaron que “en el contrato se sumaron otros valores (…) como un valor por indemnización, de unos $80 millones. Con la justificación de que se trataba de una acción de expropiación y se tenía que indemnizar al propietario del inmueble. Aun cuando lo que se evidenció fue un negocio consensuado”.
El funcionario agregó que el tema fue previamente concertado con la finalidad de facilitar al particular obtener una ventaja frente al inmueble público, por más de un valor de $3 mil millones.

De acuerdo a los hallazgos, para dicho propósito, en calidad de alcalde Socarrás Reales expidió un decreto el 30 de noviembre de 2015 por medio del cual declaró condiciones de urgencia para la adquisición de un predio de 10 hectáreas ubicado a las afueras del perímetro urbano de Valledupar. Que como consecuencia celebró promesa de permuta de inmuebles con la señora María Irene López Reyes a través de la cual esta se comprometió a transferir una propiedad de 10 hectáreas denominada ‘Granja Mi Futuro’ ubicada en la vía Los Cachos y la Alcaldía Municipal dos lotes aledaños al sector de Mercabastos: uno de 39.863 metros cuadrados y el otro 26.541 metros cuadrados. Negocio que se protocolizó el 23 de diciembre de 2015 en la Notaria Tercera y registrado en instrumentos públicos por un valor de cerca de $8.428 millones.

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“Lesionó los principios de legalidad y transparencia, que cuando emitió el decreto de emergencia, y ya sabía que el bien que iba adquirir era Granja Mi Futuro (…), lo emitió con emergencia porque supuestamente para la construcción de un proyecto de vivienda de interés social y la Estación de Policía al sur de la ciudad, pero al día de hoy no se ha construido ninguna de esas viviendas”, expresó el fiscal.

Al exmandatario el ente acusador le imputó los delitos de peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales, los cuales Socarrás no aceptó.

Con respecto a la medida de aseguramiento el juez suspendió la audiencia para continuarla en el día de hoy.