Por la dinámica impuesta por el propio presidente Gustavo Petro y algunos factores regionales, la campaña presidencial y legislativa del 2026 se adelantó unos meses, y algunos grupos políticos ya están aceitando la maquinaria.
Es el caso de los Gnecco, quienes controlan la Gobernación del Cesar en cabeza de la gobernadora Elvia Milena Sanjuán y quieren mantener su curul en el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
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Como es tradición en Colombia, y el Cesar, los clanes regionales ‘aceitan’ la maquinaria política y económica con grandes obras, sobre todo de pavimentación. Y los Gnecco ya empezaron con la entrega de cheques simbólicos a los alcaldes del departamento, quienes les deben responder con votos en marzo del otro año.
Aunque 17 alcaldías tienen el aval del partido Conservador y son cercanas al representante Ape Cuello, en los próximos días la famosa ‘gran alianza’ decidirá cómo se repartirán las administraciones para la búsqueda de votos.
La entrega de cheques
A finales del mes de julio, al alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, le hicieron la entrega simbólica de un cheque de $5.000 millones; el alcalde de Tamalameque, Leonardo Vega, recibió un cheque simbólico de $3.000 millones; el alcalde Jesús Ortíz recibió $5.000 millones, y $3.000 millones para el alcalde de La Gloria, Fermín Cruz. Todos estos recursos para pavimentación de vías.
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Días atrás, la gobernadora había entregado otro cheque por $8.000 millones al alcalde de Codazzi, Hernán Baquero, quien construirá un multicampus universitario. En esa visita, el senador José Alfredo Gnecco salió nuevamente al ruedo y confirmó que buscará reelegirse en el 2026 con el apoyo de la estructura de la Gobernación del Cesar.
Lo que no han definido u oficializado los Gnecco es quién será el candidato del partido de la U a la Cámara de Representantes. Hasta el momento suenan tres nombres: que repita Eliecer Salazar, el exalcalde Mello Castro, o Carlos Gummer, el candidato de los chanceros del sur del departamento del Cesar.
Aumento de gasto
Una investigación del Banco de la República sobre gobiernos regionales, hecha entre 1998 y 2014, concluyó que durante los años previos a elecciones y el año electoral aumenta el gasto en inversión visible, especialmente en carreteras e infraestructura pública.
Cabe recordar que la Ley de Garantías entra en vigencia cuatro meses antes de las elecciones legislativas, es decir, a partir del 8 de noviembre de 2025, y se extiende hasta el día de las elecciones: 8 de marzo de 2026.
Durante ese período, gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, así como participar, promover o destinar esos recursos a actividades proselitistas.
