Antes y después de la estampida de la covid-19, a escasos meses de iniciar el presente año, en el departamento del Cesar se registraron cruentas historias de horror que marcaron a la sociedad por la manera cómo transcurrieron, las víctimas y su alcance en el ámbito judicial.
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La parálisis económica y social que vivió la población con motivo a las estrategias para contrarrestar el coronavirus si bien contribuyó en cierta forma a disminuir los índices en materia de seguridad, no se convirtió en el escenario ideal para que los violentos cesaran su actuar y en consecuencia las autoridades tuvieran que realizar diversos operativos.
Mención aparte merecen los posibles entramados de corrupción que puso al descubierto la fragilidad de la administración de justicia y las instituciones públicas frente a la sociedad. Esto junto con cinco casos más marcó la opinión pública en el mundo judicial.
La trágica ruta de Marelis Bueno
Bastaron 10 días de comenzar la anualidad, que los colombianos hoy despiden, para que la violencia contra la mujer fuera noticia en las primeras planas de la prensa local.
El rostro de la tragedia fue Marelis Yudith Bueno Castro, asesinada de 13 puñaladas a manos, presuntamente, por su compañero sentimental, Julio César Rodríguez Villarroel, por motivos pasionales. La agresión la vivió cuando salió de su vivienda, como todos los días, hacia su lugar de trabajo de vendedora de verduras en el Mercado Público del municipio de Codazzi.
El señalado responsable enfrenta un juicio por feminicidio agravado.
‘LA CRUELDAD’ DE LOS VILLARREAL
La llegada al CDV del hospital Eduardo Arredondo Daza de un pequeño de apenas tres años de edad que murió por precarias condiciones de salud sería el inicio de un aberrante caso de maltrato infantil que habría quedado evidenciado en el mes de febrero en Valledupar.
Se trata de un niño que aparentemente era agredido por su propio padre y abuela mientras pasaba unos días con ellos en la torre cinco de la urbanización Lorenzo Morales.
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Al parecer, la madrugada del 19 de febrero entre las 4:00 a.m., y 7:00 a.m., el menor habría sido víctima de una fuerte golpiza que le generó la muerte a las 7:30 a.m., del mismo día en el centro asistencial.
Al puesto de salud fue llevado por su madrastra, una adolescente de 14 años de edad, quien indicó a las autoridades que el niño minutos antes tomó un vaso con agua y se desvaneció.
Pero esa ‘realidad’ se desdibujó al poco tiempo con el examen de Medicina Legal que, según la Fiscalía, proyectó que la criatura registraba hematomas en su cuerpo por múltiples golpes y un trauma craneoencefálico severo, entre otras lesiones.
El diagnóstico permitió que durante la investigación las autoridades capturaran por orden judicial a la abuela del menor Omaira Benilda Villareal Orduz, de 45 años, y su hijo Orlando Alfonso Montes Villareal, de 20 años, por el delito de homicidio agravado y violencia intrafamiliar.
REPUDIO EN LA SIERRA
La mañana del 2 de mayo la población del corregimiento de La Sierra, del municipio de Chiriguaná, fue sorprendida con una trágica noticia: la pequeña Michel Yulieth Lara García, de 12 años, que daban por desaparecida fue encontrada muerta en un matorral de la localidad.
Detrás de su fallecimiento estaba un conocido que el día anterior se la llevó con engaño para violarla y estrangularla lejos de sus seres queridos.
El asesino Gustavo Andrés Simanca Gómez confesó donde la había sepultado, pero negó que la había violado pese al examen de Medicina Legal.
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Por eso, fue condenado a 43 años y 9 meses de prisión por el delito de feminicidio agravado, pero enfrentaría juicio por acceso carnal violento. El caso fue repudiado a nivel nacional.
MUERTO EN CAUTIVERIO
El flagelo del secuestro este año se mantuvo en los campos del departamento del Cesar. Pero sin duda, hasta ahora la peor parte la llevó el ganadero Juan Pablo Castillo Esper, ultimado vilmente por sus raptores en la vereda Pica Pica del municipio de Río de Oro, el 18 de junio.
Los delincuentes actuaron ante la presencia del Gaula que adelantaba una labor de reconocimiento en la zona que limita con Norte de Santander.
La institución señaló que cuando los uniformados estaban atravesando el lugar fueron emboscados desde diferentes lados por los bandidos, viéndose obligados a resguardar su vida y responder el ataque.
El ganadero estaba privado de la libertad desde el 28 de febrero que fue raptado en su finca del municipio de San Martín. Por su liberación exigían $2.500 millones.
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Su historia es apenas una de tantas que ha golpeado a las familias en el Cesar. Por ejemplo, el año culminaría con la liberación pendiente del ganadero Andrés José Herrera Orozco, secuestro en el mes de agosto en Pailitas.
OPERATIVO CONTRA ‘LA SILLA’
En un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, se aplicó extinción de dominio sobre bienes de propiedad de Elkin Javier López Torres, alias ‘Doble Rueda’ o ‘La Silla’.
La Policía señaló que en total fueron intervenidos $8.000 millones de pesos en bienes ubicados en Santa Marta y Valledupar, que al parecer fueron adquiridos con actividades de narcotráfico y extorsión.
Entre esos se encuentran 26 inmuebles, 13 lotes, 9 casas, 1 finca, 3 apartamentos, cinco asociaciones comerciales y un vehículo.
Según la Fiscalía, ‘La Silla’ es líder de una estructura dedicada a la comisión de homicidios selectivos y secuestros extorsivos a empresarios y ganaderos, con los que habría obtenido un millonario incremento patrimonial.
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CORRUPCIÓN: ‘JUSTICIA A LA CARTA’ Y SEXO EN LA URI
Este año dos escándalos de corrupción golpeó a dos órganos importantes de la sociedad cesarense como los son la Policía Nacional y la rama Judicial.
El primero corrió por cuenta de unas interceptaciones telefónicas y videos que fueron pieza clave para que señalaran a tres funcionarios judiciales de Bosconia de orquestar hechos de corrupción en esta zona del departamento del Cesar.
Los involucrados son el fiscal 6 seccional, Yesid Pallares Aguilar; el juez promiscuo municipal, Roberto Carlos Orozco Argote, y el abogado de la Defensoría Pública, Carlos Luis Ropero Galván; acusados de haber negociado procesos o trámites judiciales a cambio de grandes sumas de dinero.
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Mientras que otros tres miembros de la Policía Nacional recientemente fueron imputados por supuestamente permitir sexo, alcohol y prostitución dentro de la URI de la Fiscalía de Valledupar.