Atemorizados se encuentran algunos líderes de las invasiones Bello Horizonte 2, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta por una serie de amenazas, actos de persecución y calumnias que han tenido en los últimos días después de la reunión que tuvieron el pasado 30 de julio con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, según los denunciantes. 

Tal es el caso de Consuelo Blanco, líder gestora de la invasión Brisas de La Popa, la cual tuvo que presentar una denuncia ante la Fiscalía el pasado sábado en vista de que su “vida está corriendo peligro”. De acuerdo con Blanco, dos hombres la abordaron en una motocicleta y le exigieron que “se alejara del proceso de legalización de Sabana 1”. 

“El jueves 1 de agosto dos hombres me abordaron mientras iba caminando por las calles de ‘Brisas’ y me dijeron que me apartara del proceso porque lo estaba entorpeciendo. El hombre que me habló con acento paisa me dijo que había accidentes que no tenían marcha atrás. Eso me asustó demasiado porque fue una amenaza y desde ese día mi familia y yo vivimos atemorizados en la casa. Temo que toquen la puerta y me obliguen a irme de mi hogar”, comentó Blanco. 

En ese sentido, precisó que los dos hombres no son de Brisas de La Popa y que ella no tiene enemigos en el sector o en otros debido a que apoya a las comunidades en laborales sociales y se ha ganado el cariño por ello. Acotando así que no es la comunidad, sino presuntamente personas a cargo del proceso del desalojo del predio Sabana 1. 

“DIFAMACIONES”

Blanco también denunció que en medios radiales y en reuniones populares, los abogados a cargo del proceso jurídico de Sabana 1 han señalado que ella pertenece a la “nómina de la casa departamental” como también a  la de la  administración municipal por el hecho de trabajar en la Oficina de Inspección de La Nevada. 

“Yo simplemente soy una asistente administrativa y entré a trabajar en la inspección por mi hoja de vida y por mis competencias, no porque colocaran mi hoja de vida o por alguna presunta ayuda por parte de la administración municipal. Todas esas afirmaciones son falsas y por eso los tres abogados que me representan están tomando acciones porque no es justo que me difamen y dividan a la comunidad”, manifestó Blanco. 

Así mismo, Ana Beltrán, líder de la invasión Los Guasimales, aseveró que presuntamente el abogado Evaristo Rafael Rodríguez ha dicho públicamente que ella tiene “14 años trabajando en la nómina de la Gobernación” y que la contratación que tiene con una asociación del Instituto de Bienestar Familiar, ICBF, es porque hace parte del equipo de la duma departamental.  

“No entiendo su persecución. Uno entonces por vivir en una invasión ¿no puede trabajar en un puesto público? Entré a trabajar en esa asociación por mérito propio. Yo he hecho política, pero gracias a Dios el trabajo que he conseguido ha sido por mis capacidades y no por recomendaciones de algún político. El abogado no solo me ha señalado a mí, también ha acusado a todos los líderes que nos reunimos con la gobernadora”, argumentó Beltrán. 

¿UNA PERSECUCIÓN?

Según Lourdes Manuela Barros, líder de la invasión Altos de Pimienta, están en el proceso de instaurar una demanda colectiva en contra del abogado Evaristo y que dicha situación ya se había presentado antes. Barros comentó que en el 2010 cuando hubo una audiencia de la Corte Constitucional en Valledupar, denunciaron a los abogados debido a que presuntamente les tomaban fotos y los filmaban “en los lugares que estuviéramos. Era una persecución que nos tenían”.  Acotando así que luego de la denuncia se detuvieron, pero ahora que el proceso “se ha movido, volvieron con las difamaciones”. 

“Yo tengo 16 años trabajando con un operador del ICBF. No dependo de la alcaldía ni de la Gobernación como él dice. También afirma que nosotros torpedeamos esas reuniones que él cita cuando no es cierto porque la gente me pregunta sobre esas reuniones y les digo que vayan y escuchen, pero que no firmen nada”, explicó 

Esta líder aseveró que los abogados han difamado su buen nombre porque la han acusado a ella y a las otras líderes de presuntamente robarse juguetes que les son regalados a los niños de las invasiones y “vender lotes” en los cuatro asentamientos.  

LOS ABOGADOS

Sobre las denuncias de los líderes, el jurista Evaristo Rafael Rodríguez manifestó que no está involucrado en amenazas ni hostigamientos hacia los líderes de las invasiones, como tampoco en difamaciones más allá de apreciaciones de las cuales tienen pruebas. 

“Nosotros no nos sentaremos en una mesa de diálogo con estas personas que tienen cargos públicos y trabajan con las entidades que están inmersas en el fallo de la Corte. Los servidores públicos no pueden ser invasores por contar con recursos para suplir sus necesidades de vivienda”, comentó Evaristo. 

En ese orden de ideas, puntualizó que los líderes mencionados y otros que también hacen parte de las invasiones presuntamente están en conflictos de intereses “al defender la administración y a la vez pretender defender comunidades”, por lo que afectan el proceso. 

REUNIÓN CON LA GOBERNADORA 

De acuerdo con Evaristo, para el próximo lunes 12 de agosto está fijada una reunión con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, para continuar con el proceso de concertación entre los propietarios y las comunidades. 

La reunión se llevará a cabo a las 9  a. m., y fue producto de una reunión previa que tuvieron los abogados y la comunidad con el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, el secretario Departamental de Infraestructura y la jefe la Oficina Asesora Jurídica. 

Por Namieh Baute Barrios