Hace más de un año, ladrilleros del corregimiento de Valencia de Jesús, jurisdicción de Valledupar, fueron desalojados de lo que se considera ‘la primera ladrillera de la región’ y donde hace más de 40 años funcionaba esa actividad que contaba con título de la Agencia Nacional de Minería, ANM, otorgado mediante administraciones locales pasadas.

Hoy exigen no sólo la reincorporación al terreno como lo establece la Resolución 000404 del 13 de junio del 2018 sino que también que se suspenda “de manera inmediata la perturbación a través del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, iniciado por el señor Julio Valdeblanquez Ariza” como lo estable el documento.

El área de 9 hectáreas y 8.156,5 metros cuadrados, comenta la abogada defensora de los miembros de la Cooperativa Multiactiva de Trabajadores de la Arcilla en el departamento del Cesar, ‘Cooarcillas del Cesar’, se está impedido “desarrollar labores mineras por parte del municipio de Valledupar”. La profesional indicó además que desde que se emitió la resolución a mediados del pasado mes han exigido el cumplimiento de la misma. “Hemos llegado a la Alcaldía y a Secretaría de Gobierno para que se pronuncien y hagan cumplir la ley pero hasta el momento no hemos tenido respuestas”.

Esta situación ha hecho que el dueño actual, el señor Julio Valdeblanquez en quien reposa la orden por ser el propietario del predio, impida la entrada de las más de 100 familias que fueron desalojadas, sostienen los afectados. La destrucción de los fogones para hacer ladrillo e incluso documentos el día del desalojo por parte del Esmad y otras autoridades hicieron que los ladrilleros buscaran una fuente de empleo en la vereda El Cielo. “Donde tenemos un mínimo ingreso y nos toca pagar más”, expresó Edwin Salcedo, trabajador.

Con más de 10 años trabajando en la elaboración de ladrillo, Salcedo reclama que deben ser tenidos en cuenta. “Porque así como cumplieron la supuesta ley al despojarnos, hoy tienen que saber que la tienen que volver a cumplir”. Agrega que tanto él como su familia sintieron el vacío causado por la destrucción de sus herramientas de trabajo en Valencia de Jesús. Por su parte, el representante legal de la cooperativa, Enrique Cataño, puntualizó que hace un año no cuentan con una fuente de empleo sólida y más de 300 personas se han visto afectadas.

“Queremos que se nos resuelva la solicitud de amparo que nos otorgó la Agencia Nacional de Minería en el expediente 0197 – 20 como dice el decreto y que nos cumplan permitiéndonos laboral ahí”, sostuvo Cataño. La resolución también recalca que el municipio de Valledupar fue quien destruyó la estructura y debe ser el mismo quien se encarga de los requerimientos técnicos, ambientales y de seguridad.