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Sin categoría - 22 noviembre, 2015

La última lágrima de los Kankuamos

Kankuamos guerrilleros y paramilitares fueron una realidad en esta etnia de la zona rural de Valledupar, donde hoy sólo hay víctimas expectantes por la reparación colectiva que recibirán como grupo étnico.

Tener el apellido Arias en las comunidades indígenas kankuamas de Valledupar, entre los años 1999 y 2005, era sinónimo de muerte. Los paramilitares con listas en mano les hacían cacerías al igual que a los Montero y los Cáceres, que eran asesinados por supuestamente ser auxiliadores de la guerrilla.

Los sobrevivientes de ese genocidio aseguran que primero fueron hostigados por el accionar del frente 59 de las Farc, pero el golpe más duro a la comunidad se lo propinaron las Autodefensas Unidas de Colombia, teniendo en cuenta que en poblaciones como Atánquez uno de cada tres indígenas tiene el apellido Arias.

“El origen de esta estigmatización tendría raíces en una ocasión que el hijo de un reconocido narcotraficante trató mal a un muchacho que era celador en un campo santo y él, en defensa propia, asesinó a esta persona y vino la represalia de este narcotraficante que mató a toda la familia y todos los Arias quedamos estigmatizados; esos narcotraficantes, que son los mismos paramilitares de ahora, en esa época nos habíamos hecho a una tierra cerca de Valledupar, allá pasaron los paramilitares, pidieron las cédulas y al ver que mi hermano que era Arias y era kankuamo lo mataron. Ese mismo día, hicieron un recorrido macabro, a diez minutos de un batallón, en dos días mataron a dos miembros de mi familia, a dos Arias, eso fue en el mes de diciembre de 1999”, recordó un kankuamo desplazado en Bogotá.

Lo más probable es que el muchacho al que se refiere el desplazado sea Uriel Arias Martínez, más conocido como Tito Arias, un kankuamo guerrillero que comandó el grupo de las Farc que mató al hijo de un reconocido terrateniente del Cesar. Tito Arias, asesinado el 16 de julio de 2004, habría participado en el secuestro y muerte de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera.

Según cifras presentadas por los indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el 2001 y julio de 2004, fueron asesinados 102 kankuamos (en su mayoría eran Arias). Pese a que el 24 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor del pueblo indígena kankuamo que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, en el primer semestre de ese año fueran asesinados 55 indígenas.

‘La Fiera’ mataba a su propia raza
Lo más terrible para los kankuamos fue reconocer que miembros de su propia etnia participaron en las avanzadas de la muerte de los paramilitares. Muestra de ello es Óscar David Romero Blanchar, oriundo de Atánquez, que hizo parte del frente ‘Mártires del Cesar’ del bloque norte de las AUC, donde era conocido como ‘La Fiera’, quien fue condenado en noviembre de 2011 por el asesinato de tres de sus paisanos. La Fiscalía demostró que era el guía que ayudaba a los ‘paras’ a identificar a las víctimas.

En uno de los expedientes de ‘La Fiera’, aparece como víctima Miguel Ángel Luquéz  Araujo,  conocido como ‘El Ñaña’, asesinado de varios impactos de bala que le propinaron los paramilitares el 15 de marzo de 2003, en su vivienda en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar.

Otro caso es el de Apolinar del Carmen Rodríguez Vera, a quien los ‘paras’ mataron el 17 de mayo de 2003, en el sitio conocido como Jornal en jurisdicción del corregimiento de Atánquez.

Alias ‘La Fiera’ también fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por los homicidios de Wilson Enrique Villazón Martínez y Alcides Alejandro Arias Maestre, quienes murieron a manos del mismo grupo armado el 18 de agosto de 2003, en el corregimiento Los Haticos.

Oscar David Romero Blanchar seguía órdenes de Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’, conocido como el verdugo de la comunidad Kankuama. Como comandante del frente ‘Mártires del Cesar’, ‘El Paisa’ ha reconocido su participación en 60 hechos criminales contra los kankuamos, según los informes que reposan en la Unidad Satélite de Justicia y Paz en Valledupar.

Sánchez Barbosa dejó un total de 81 víctimas directas en este grupo étnico, que desde el año 2000 empezó a sufrir con las incursiones armadas lideradas por el sanguinario paramilitar, que a mediados del 2005 se desmovilizó. Como lugarteniente de ‘Jorge 40’ llegó a tener cerca de 120 hombres a su mando.

‘El Paisa’ está preso en la cárcel Las Mercedes de Montería, pero esporádicamente tiene que presentarse a los despachos judiciales de Valledupar, donde tiene procesos pendientes y de los cuales ha recibido una serie de condenas por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, en los que resultaron víctimas los Kankuamos.

Se sacrificó por los suyos

Fredy Antonio Arias Arias, de 32 años, coordinador de derechos humanos de la Organización Indígena Kankuama, denunció que el Ejército secuestraba a Kankuamos y los disfrazaba de guerrilleros para presentarlos como abatidos en combate y que los paramilitares habían emprendido una tarea de exterminio de su etnia en la zona rural de Valledupar. La denuncia la hizo ante Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en Bogotá, y a los tres días que regresó a la capital del Cesar fue asesinado.

El crimen se remonta al 3 de agosto de 2004, a la 1:30 de la tarde, cuando Fredy Arias caminaba por la carrera 19 con calle 6ª en el norte de Valledupar, donde fue baleado por dos hombres en motocicleta. Una hora antes el líder indígena había tenido una entrevista con las autoridades que analizaban su nivel de riesgo para asignarles escoltas.

La muerte de este Arias fue diferente a las demás, porque de inmediato causó repudio y revuelo a nivel nacional. La víctima además de ser defensor de derechos humanos era hermano del cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias Arias, y era hijo del mamo Salomón Rafael Arias, de 63 años, que había sido asesinado por los paramilitares el 4 de agosto del 2001.

Once años después de la muerte de Fredy Arias hubo un condenado, Jaison Enrique López Quintana, alias ‘Jasa Jasa’, que reconoció ser uno de los que participó en ese homicidio.

Expectativas
Pese a todo el accionar contra los Arias, es precisamente Jaime Arias Arias, quien durante los últimos 18 años se ha desempeñado como cabildo gobernador kankuamo, rol desde el que ha tratado de garantizar la supervivencia física y cultural de su pueblo que avanza con la Unidad Nacional de Víctimas en la reparación colectiva como grupo étnico.

“La muerte de mi hermano despertó más al pueblo kankuamo para que hiciéramos una protesta muy fuerte que llevó a que disminuyera esa ola de exterminio. Hubo rechazo a nivel de los pueblos indígenas de Colombia y lamentamos que tuvo que ocurrir una muerte de un líder para que el gobierno tomara medidas y fueran cesando los asesinatos”, explicó el líder indígena.

Agregó que las medidas de la reparación colectiva deberán apuntar al saneamiento de territorios sagrados, protección y acceso a los mismos que están enmarcados por la Línea Negra, con una jurisdicción en la que los indígenas tengan mayor autonomía y gobernabilidad.

“Después de cinco años de expedida la Ley 1448, en el caso de los pueblos indígenas, el decreto 4636 de 2011, en las medidas de reparación colectiva no se ha avanzado significativamente en el proceso. Nos encontramos en el proceso de acercamiento con la Unidad de Víctimas y esperamos el próximo año concretar el plan integral de reparación colectiva para el pueblo kankuamo”, acotó Arias como cabeza visible del pueblo indígena kankuamo ubicado entre las cuencas de los ríos Guatapurí y Badillo, en un área aproximada de 24.000 hectáreas, reconocidas como Resguardo por el Estado colombiano.

El resguardo está conformado por comunidades, reconocidas por la administración pública municipal en los órdenes corregimental y veredal. Estas son Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Pontón, Las Flores, El Mojao, Los Haticos, Rancho de La Goya, Ramalito, La Mina, Río Seco y Murillo.

“Fuimos afectados por la guerra, porque somos Kankuamos. Nuestra comunidad pudo ver cómo llevaban a la gente amarrada y la dejaban en la carretera, fue triste presenciar la muerte de otras personas, una de un muchacho de Pontón, que le pasaron un carro por encima, los montaban en un carro al que llamaban ‘La última lágrima’ y los mataban a tiros”. Es el testimonio de un joven kankuamo líder de la comunidad de El Mojao, entre Patillal y Atánquez.

Como este joven la mayoría de kankuamos, que actualmente se estiman en alrededor de 20 mil, no han derramado la última lágrima, siguen llorando a sus muertos y denunciando que los exparamilitares no han dicho toda la verdad sobre los asuntos políticos que llevaron a los grupos armados a intentar exterminarlos.

Según cifras presentadas por los indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el 2001 y julio de 2004, fueron asesinados 102 kankuamos (en su mayoría eran Arias). Pese a que el 24 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor del pueblo indígena kankuamo que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, en el primer semestre de ese año fueran asesinados 55 indígenas.

Por Martín Elías Mendoza / EL PILÓN

 

 

 

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22 noviembre, 2015

La última lágrima de los Kankuamos

Kankuamos guerrilleros y paramilitares fueron una realidad en esta etnia de la zona rural de Valledupar, donde hoy sólo hay víctimas expectantes por la reparación colectiva que recibirán como grupo étnico.


Tener el apellido Arias en las comunidades indígenas kankuamas de Valledupar, entre los años 1999 y 2005, era sinónimo de muerte. Los paramilitares con listas en mano les hacían cacerías al igual que a los Montero y los Cáceres, que eran asesinados por supuestamente ser auxiliadores de la guerrilla.

Los sobrevivientes de ese genocidio aseguran que primero fueron hostigados por el accionar del frente 59 de las Farc, pero el golpe más duro a la comunidad se lo propinaron las Autodefensas Unidas de Colombia, teniendo en cuenta que en poblaciones como Atánquez uno de cada tres indígenas tiene el apellido Arias.

“El origen de esta estigmatización tendría raíces en una ocasión que el hijo de un reconocido narcotraficante trató mal a un muchacho que era celador en un campo santo y él, en defensa propia, asesinó a esta persona y vino la represalia de este narcotraficante que mató a toda la familia y todos los Arias quedamos estigmatizados; esos narcotraficantes, que son los mismos paramilitares de ahora, en esa época nos habíamos hecho a una tierra cerca de Valledupar, allá pasaron los paramilitares, pidieron las cédulas y al ver que mi hermano que era Arias y era kankuamo lo mataron. Ese mismo día, hicieron un recorrido macabro, a diez minutos de un batallón, en dos días mataron a dos miembros de mi familia, a dos Arias, eso fue en el mes de diciembre de 1999”, recordó un kankuamo desplazado en Bogotá.

Lo más probable es que el muchacho al que se refiere el desplazado sea Uriel Arias Martínez, más conocido como Tito Arias, un kankuamo guerrillero que comandó el grupo de las Farc que mató al hijo de un reconocido terrateniente del Cesar. Tito Arias, asesinado el 16 de julio de 2004, habría participado en el secuestro y muerte de la exministra de Cultura Consuelo Araújo Noguera.

Según cifras presentadas por los indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el 2001 y julio de 2004, fueron asesinados 102 kankuamos (en su mayoría eran Arias). Pese a que el 24 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor del pueblo indígena kankuamo que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, en el primer semestre de ese año fueran asesinados 55 indígenas.

‘La Fiera’ mataba a su propia raza
Lo más terrible para los kankuamos fue reconocer que miembros de su propia etnia participaron en las avanzadas de la muerte de los paramilitares. Muestra de ello es Óscar David Romero Blanchar, oriundo de Atánquez, que hizo parte del frente ‘Mártires del Cesar’ del bloque norte de las AUC, donde era conocido como ‘La Fiera’, quien fue condenado en noviembre de 2011 por el asesinato de tres de sus paisanos. La Fiscalía demostró que era el guía que ayudaba a los ‘paras’ a identificar a las víctimas.

En uno de los expedientes de ‘La Fiera’, aparece como víctima Miguel Ángel Luquéz  Araujo,  conocido como ‘El Ñaña’, asesinado de varios impactos de bala que le propinaron los paramilitares el 15 de marzo de 2003, en su vivienda en el corregimiento de Río Seco, al norte de Valledupar.

Otro caso es el de Apolinar del Carmen Rodríguez Vera, a quien los ‘paras’ mataron el 17 de mayo de 2003, en el sitio conocido como Jornal en jurisdicción del corregimiento de Atánquez.

Alias ‘La Fiera’ también fue condenado a 17 años y seis meses de prisión por los homicidios de Wilson Enrique Villazón Martínez y Alcides Alejandro Arias Maestre, quienes murieron a manos del mismo grupo armado el 18 de agosto de 2003, en el corregimiento Los Haticos.

Oscar David Romero Blanchar seguía órdenes de Leonardo Enrique Sánchez Barbosa, alias ‘El Paisa’, conocido como el verdugo de la comunidad Kankuama. Como comandante del frente ‘Mártires del Cesar’, ‘El Paisa’ ha reconocido su participación en 60 hechos criminales contra los kankuamos, según los informes que reposan en la Unidad Satélite de Justicia y Paz en Valledupar.

Sánchez Barbosa dejó un total de 81 víctimas directas en este grupo étnico, que desde el año 2000 empezó a sufrir con las incursiones armadas lideradas por el sanguinario paramilitar, que a mediados del 2005 se desmovilizó. Como lugarteniente de ‘Jorge 40’ llegó a tener cerca de 120 hombres a su mando.

‘El Paisa’ está preso en la cárcel Las Mercedes de Montería, pero esporádicamente tiene que presentarse a los despachos judiciales de Valledupar, donde tiene procesos pendientes y de los cuales ha recibido una serie de condenas por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, en los que resultaron víctimas los Kankuamos.

Se sacrificó por los suyos

Fredy Antonio Arias Arias, de 32 años, coordinador de derechos humanos de la Organización Indígena Kankuama, denunció que el Ejército secuestraba a Kankuamos y los disfrazaba de guerrilleros para presentarlos como abatidos en combate y que los paramilitares habían emprendido una tarea de exterminio de su etnia en la zona rural de Valledupar. La denuncia la hizo ante Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, en Bogotá, y a los tres días que regresó a la capital del Cesar fue asesinado.

El crimen se remonta al 3 de agosto de 2004, a la 1:30 de la tarde, cuando Fredy Arias caminaba por la carrera 19 con calle 6ª en el norte de Valledupar, donde fue baleado por dos hombres en motocicleta. Una hora antes el líder indígena había tenido una entrevista con las autoridades que analizaban su nivel de riesgo para asignarles escoltas.

La muerte de este Arias fue diferente a las demás, porque de inmediato causó repudio y revuelo a nivel nacional. La víctima además de ser defensor de derechos humanos era hermano del cabildo gobernador kankuamo, Jaime Arias Arias, y era hijo del mamo Salomón Rafael Arias, de 63 años, que había sido asesinado por los paramilitares el 4 de agosto del 2001.

Once años después de la muerte de Fredy Arias hubo un condenado, Jaison Enrique López Quintana, alias ‘Jasa Jasa’, que reconoció ser uno de los que participó en ese homicidio.

Expectativas
Pese a todo el accionar contra los Arias, es precisamente Jaime Arias Arias, quien durante los últimos 18 años se ha desempeñado como cabildo gobernador kankuamo, rol desde el que ha tratado de garantizar la supervivencia física y cultural de su pueblo que avanza con la Unidad Nacional de Víctimas en la reparación colectiva como grupo étnico.

“La muerte de mi hermano despertó más al pueblo kankuamo para que hiciéramos una protesta muy fuerte que llevó a que disminuyera esa ola de exterminio. Hubo rechazo a nivel de los pueblos indígenas de Colombia y lamentamos que tuvo que ocurrir una muerte de un líder para que el gobierno tomara medidas y fueran cesando los asesinatos”, explicó el líder indígena.

Agregó que las medidas de la reparación colectiva deberán apuntar al saneamiento de territorios sagrados, protección y acceso a los mismos que están enmarcados por la Línea Negra, con una jurisdicción en la que los indígenas tengan mayor autonomía y gobernabilidad.

“Después de cinco años de expedida la Ley 1448, en el caso de los pueblos indígenas, el decreto 4636 de 2011, en las medidas de reparación colectiva no se ha avanzado significativamente en el proceso. Nos encontramos en el proceso de acercamiento con la Unidad de Víctimas y esperamos el próximo año concretar el plan integral de reparación colectiva para el pueblo kankuamo”, acotó Arias como cabeza visible del pueblo indígena kankuamo ubicado entre las cuencas de los ríos Guatapurí y Badillo, en un área aproximada de 24.000 hectáreas, reconocidas como Resguardo por el Estado colombiano.

El resguardo está conformado por comunidades, reconocidas por la administración pública municipal en los órdenes corregimental y veredal. Estas son Atánquez, Guatapurí, Chemesquemena, Pontón, Las Flores, El Mojao, Los Haticos, Rancho de La Goya, Ramalito, La Mina, Río Seco y Murillo.

“Fuimos afectados por la guerra, porque somos Kankuamos. Nuestra comunidad pudo ver cómo llevaban a la gente amarrada y la dejaban en la carretera, fue triste presenciar la muerte de otras personas, una de un muchacho de Pontón, que le pasaron un carro por encima, los montaban en un carro al que llamaban ‘La última lágrima’ y los mataban a tiros”. Es el testimonio de un joven kankuamo líder de la comunidad de El Mojao, entre Patillal y Atánquez.

Como este joven la mayoría de kankuamos, que actualmente se estiman en alrededor de 20 mil, no han derramado la última lágrima, siguen llorando a sus muertos y denunciando que los exparamilitares no han dicho toda la verdad sobre los asuntos políticos que llevaron a los grupos armados a intentar exterminarlos.

Según cifras presentadas por los indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre el 2001 y julio de 2004, fueron asesinados 102 kankuamos (en su mayoría eran Arias). Pese a que el 24 de septiembre de 2003 la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a favor del pueblo indígena kankuamo que habita la Sierra Nevada de Santa Marta, en el primer semestre de ese año fueran asesinados 55 indígenas.

Por Martín Elías Mendoza / EL PILÓN