A las predominantes problemáticas de sobrepoblación, falta de higiene y hacinamiento que históricamente han acompañado el sistema carcelario departamental, sobre todo a la Cárcel Judicial, le surgió recientemente una luz de esperanza. Se trata de una propuesta que anunció el Ministerio de Justicia y Derecho para reubicar la Cárcel Judicial del barrio El Dangond de Valledupar.  

El jefe de cartera, Wilson Ruiz Orejuela, explicó que para eso sería necesario analizar la posible adquisición y compra de un lote contiguo a la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de la ciudad, más conocida como ‘La Tramacúa’, para la construcción de un centro carcelario de unos mil internos.

“Al hacer la ampliación inmediatamente se va quitar esa Cárcel Judicial de ahí. Nosotros como Ministerio de Justicia, de Inpec, de Uspec y como Defensoría Nacional del Pueblo, no podemos entrometernos en las causas territoriales, ya ustedes mirarán qué hacer con el predio”, acotó Ruiz Orejuela.

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La idea fue la más aceptada de las tres propuestas que surgieron durante el consejo de seguridad carcelaria desarrollado con el Ministerio de Justicia, la Gobernación del Cesar, la Alcaldía Municipal, congresistas, la dirección del Inpec y del Uspec, además de una funcionaria delegada para asuntos carcelarios de la Defensoría del Pueblo.

Las otras alternativas consistían: primero, en tumbar la estructura de la Cárcel Judicial y hacer una nueva, que no vieron viable por su ubicación residencial; y la segunda era ampliar los módulos del centro penitenciario para albergar de 340 a 350 internos, idea que también desecharon por ser una solución a corto plazo.   

No obstante, la actual iniciativa podría demorar cerca de dos años por los trámites de estudios y diseños a detalle que implicaría la construcción de un centro carcelario.

“La tarea que nos queda es mirar dos condiciones: los aspectos normativos del predio y las condiciones técnicas, que nos permitan avanzar con la gestión y adquisición del mismo por las entidades territoriales. Además de los diseños que determinan el valor más real de lo que significarían las obras”, dijo Andrés Díaz Hernández, director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec.

LOS RECURSOS

La financiación provendría de un fondo conformado por la Alcaldía Municipal, la Gobernación y el Gobierno nacional.

Según el Ministerio de Justicia y Defensa, el presupuesto estaría oscilando entre los 100 a 120 mil millones de pesos, por lo que las pretensiones son obtener un centro de reclusión de por lo menos mediana seguridad, con similares garantías de protección a ‘La Tramacúa’.  

La propuesta también demanda de un equipo de trabajo que se pondría en marcha de la mano de la Uspec, la Alcaldía y Gobernación, y que tendría como primera tarea ver la viabilidad del lote, es decir, que cumpla con todos los requisitos.  

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Aunque la proyección está totalmente en cero y podría ser vista como una idea más, la administración municipal aseguró que en esta oportunidad existen unos factores fundamentales: voluntad política y unión.

“Creemos que esto va ser una realidad con decisiones a corto, mediano y largo plazo. Se necesita resolver el problema de hacinamiento que tenemos aquí en las cárceles de Valledupar. Por eso, vemos con buenos ojos la llegada del ministro y esperamos que estos resultados se vean lo más rápido posible”, acotó Mello Castro, alcalde de Valledupar.

LA TERCERA MÁS HACINADA EN EL PAÍS

De hacerse realidad, la Cárcel Judicial podría librarse del desfavorable reconocimiento de ser la tercera a nivel nacional con mayor hacinamiento, el cual se representa en un 306 %. Actualmente tiene 781 detenidos en sus siete patios, cuando su capacidad máxima es para 256 personas. Del total de los internos 316 están condenados y 465 son sindicados.

De igual manera, abre la puerta a la oportunidad de que muchas estaciones de policías del departamento recuperen su función de ser centros de pasos de los capturados y no que continúen siendo el ‘comodín’ del sistema penitenciario. Tal como sucedió desde hace años con la estación de Policía La Permanente, ubicada en la  carrera 3 con número 16-97 de la ciudad.

La estación se convirtió en una bomba de tiempo por el hacinamiento descomunal que tiene y las precarias condiciones de su infraestructura.  En su interior alberga 439 internos pese a que, según la Personería Municipal, su capacidad es de unos 70. 

A esto se le suma la mala alimentación que reciben con poca salubridad y sin tener en cuenta las enfermedades que padecen, pues en un día podrían recibir una porción de arroz blanco, un pedazo de salchichón y un plátano. 

De acuerdo al análisis que la Personería realizó en el pasado mes de julio, la estación requiere de una intervención urgente para mejorar la calidad de vida de los privados de la libertad y respetarle los derechos fundamentales. Además que casi todos los masculinos padecen de infecciones en la piel por las condiciones en las que conviven.  

“En el departamento lo que estamos buscando es poder recibir rápidamente todos los condenados de las estaciones de Policía, la Uri y la misma Permanente, pero también seguir trabajando con los jueces de la república para buscar el deshacinamiento, porque no todo son cupos carcelarios, también hay otras medidas”, aseveró el brigadier general Norberto Mujica Jaime, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

Explicó, además, que por lo pronto harán el traslado de 84 internos tras culminar el proceso de documentación.

“Pero vamos ir más allá, y es revisar cuáles son los privados de la libertad de primer nivel de seguridad que ameriten que también nos responsabilicemos de ellos y que queden en buen recaudo porque entendemos que la infraestructura nuestra (las estaciones) no dan las garantías para asumir la responsabilidad, esto lo vamos a empezar a trabajar desde ya”, añadió Mujica Jaime.

Atender las estaciones de Policía también es un tema de seguridad nacional, pues al no ser centros capacitados para tener internos en prolongados periodos de tiempo algunos terminan fugándose.

Por ejemplo, durante la emergencia provocada por la pandemia del coronavirus, ante la opinión pública se han registrado 15 fugas de presos de las estaciones del departamento.

Los casos sucedieron en Valledupar, Manaure, La Jagua de Ibirico, El Paso y Aguachica, donde se escaparon internos procesados por los delitos de homicidio, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, entre otros. No todos fueron recapturados por las autoridades.

“Las estaciones de policías y las Uris no están  preparadas o acondicionadas para eso, son centros de reclusión que son de un día para otro, es temporal; pero es triste ver que se están volando o escapando precisamente porque las condiciones no son las mejores. Es urgente empezar a hacer cárceles de mediana o máxima seguridad para que la gente no se vuele y salgan delincuentes de alto impacto como violadores, homicidas, entre otros”, puntualizó el ministro Ruiz Orejuela.

LA URI DE VALLEDUPAR

La Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, localizada en el barrio Las Flores, no ha sido ajena al hacinamiento. A la fecha tienen 83 detenidos pese a que su capacidad es de 28 personas.

La mayoría ya fueron presentados a las audiencias preliminares tras ser capturados pero no han sido movidos a los centros de reclusión por parte del Inpec.

“Aquí lo importante es que tengamos un norte frente a esto, creo que la ampliación de la Tramacúa sería la solución real permanente a futuro para poder garantizar que no volvamos a tener este tipo de problemas en el departamento”, finalizó el brigadier general  Mujica Jaime.

Por Marllelys Salinas Mercado / EL PILÓN [email protected]