Un grupo de rectores de universidades públicas del país se reunieron con el ministro de Educación, Daniel Rojas, para hablar de la reforma a los artículos de la Ley 30 que establecen la financiación a los centros de educación superior.

Uno de los presentes fue el rector de la Universidad Popular del Cesar, Robert Romero, quien dialogó con EL PILÓN sobre el objetivo de la reunión.

¿Cuál es el problema de las universidades públicas y la inequidad en la distribución de recursos?

En cada campaña política se habla del problema de la destinación de recursos a la universidad pública. Por ejemplo, mientras a la Universidad Popular se le transfiere en promedio 3 millones de pesos por estudiantes al año, a la Universidad Nacional de Bogotá le transfieren 23 millones de pesos por estudiante al año.

Usted hablaba de la necesidad de reformar unos artículos, antes que aplicar toda la reforma

Desde nuestra llegada nos dedicamos a cambiar la estrategia: no seguir debatiendo entre nosotros, sino llevar el debate donde se pueden tomar decisiones, el Congreso.

Este gobierno, consciente de la problemática, decidió centrar la reforma a la Ley 30 de 1992 en este tema. El año pasado se intentó una reforma integral. Eso finalmente no pasó en el Congreso.

El Gobierno y el ministro atendieron el clamor que teníamos los rectores de la Universidad. Yo he sido insistente en este tema en Bogotá: antes de hacer una reforma integral de la educación superior, hay que centrarse en el problema coyuntural. ¿Cuál es el problema coyuntural?

La financiación de las universidades está reglada en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. El 3 de septiembre fui invitado por el ministro a un evento. Estuvimos en la Secretaría General del Senado para hablar sobre reformar los artículos que tienen que ver con la financiación. 

La fórmula que se adoptó en ese momento para la financiación de las universidades dependía del índice de precio del consumidor, es decir, las transferencias a las universidades públicas aumentan de acuerdo al IPC.

Se tomó como base la situación de las universidades en el año 1992. ¿Cuál era nuestra situación? En la UPC contábamos con cuatro programas. Entonces se fue aumentando la transferencia a la universidad de acuerdo al IPC, no obstante, con el crecimiento en materia de cobertura hoy tenemos 23 programas en Valledupar y 7 en Aguachica. 

Las transferencias aumentan a un ritmo inferior al aumento de la cobertura. La Universidad ha crecido aceleradamente. 

Este Gobierno ha hablado de crear nuevos cupos, pero usted dice que así es difícil…

A pesar de todos los esfuerzos que ha venido haciendo la UPC para ampliar cobertura, obviamente no puede atender la demanda que hay en la región.

Eso está generando que en el departamento del Cesar estemos más de 20 puntos por debajo de la media nacional en materia de cobertura. Por ejemplo, en el Cesar la cobertura está en el 34.9 % y el promedio nacional está en 55.4 %, más de 20 puntos porcentuales de diferencia.

En Bogotá la cobertura está en el 140.8 %. ¿Qué quiere decir eso? Por cada 100 jóvenes entre los 17 o 25 años con capacidad de ingresar a la educación superior en Bogotá se están ofertando 140 cupos. En el Cesar, de cada 100 jóvenes con capacidad y con ganas de ingresar a estudiar nosotros solamente tenemos una capacidad de 34 cupos.

Es una diferencia terrible. Es lo que se pretende modificar con este proyecto de ley. Cuando vino la comisión del Gobierno nacional para las mesas del Plan de Desarrollo les dije: centrémonos en la reforma de estos dos artículos, después miramos la reforma integral de la Ley 30.

Mientras no se resuelva el problema de destinación de recursos para la Universidad no podemos avanzar en responderle a estos jóvenes que desean ingresar.

Cuando me posesioné encontré que la universidad estaba en paro porque no se le pagaba a los docentes. Hemos establecido una fórmula de austeridad y priorización del gasto. Por eso le venimos pagando puntualmente a los docentes. 

¿Cuál es la propuesta? 

El aumento de la financiación de la universidad pública ya no se basaría solamente en el IPC, sino en la demanda. Por supuesto, también tendría en cuenta el índice de cobertura de la región y los costos de la educación.

Con este proyecto aspiramos cerrar brechas, es decir, que cada universidad finalmente esté recibiendo por estudiantes el mismo valor. La misma demanda de laboratorios, docentes, bibliotecas, que tiene un estudiante de la Universidad Nacional de Profesores, la tiene el estudiante de la Popular. 

Ya la discusión está en el Congreso de la República… ¿qué viene?

Estuve conversando con el congresista Ape Cuello, quien juega un papel importantísimo porque está en la Comisión Sexta, donde se va a estudiar este proyecto. Cuadré un encuentro con la senadora Imelda Daza. Vamos a hablar con todos los congresistas y yo espero tener el respaldo de ellos. Estamos confiados que así va a ser.

Finalmente la reforma a la financiación de la educación pública se traslada al escenario natural, no en las plazas públicas o en las aulas de la universidad, sino en el Congreso de la República. En este momento ellos tienen la pelota.

¿Cuál es la situación financiera de la UPC? 

Nosotros tenemos los mismos problemas que las otras universidades, pero desde nuestra llegada entendimos la situación y hemos aplicado una teoría: a grandes males, grandes soluciones. 

Hemos priorizado el gasto, hemos aplicado austeridad y manejo eficiente de los recursos, así lo ha certificado el propio Departamento Administrativo de la Función Pública. Eso nos permitió erradicar los problemas que generaron el paro del 2022, y le estamos pagando puntualmente a nuestros docentes. Por primera vez en la historia de la universidad no tenemos obligaciones atrasadas.

Pero, por supuesto, tenemos muchas falencias, por ejemplo, nosotros tenemos la necesidad de intervenir urgentemente nuestra estructura orgánica. Nuestros empleados tienen unas asignaciones  por debajo de la media de las demás entidades públicas. La misma regulación de los docentes. Tenemos necesidades, financieramente la UPC se encuentra estable.