Por el Hipódromo San Francisco, ubicado a escasos 11 kilómetros de Valledupar, en jurisdicción del municipio de La Paz, parece que hubiera pasado un huracán. Todo está deteriorado; algunas piezas de este, el único escenario oficial de la hípica en Colombia, permanecen en el suelo. El óxido se come los metales, las zonas para juegos familiares se pierden entre la maleza y la pista de 1.400 metros hoy es un potrero.

Este escenario de carreras de caballos nació con la Resolución número 2015 – 02 – 1284, emitida por la Gobernación del Cesar, como ente fiscalizador de la licencia de operación del hipódromo. El objeto de la resolución era: “Otorgar en concesión la operación y explotación de las apuestas que se realicen sobre los resultados de carreras de caballos, para que el concesionario opere, por su cuenta y riesgo dicha modalidad de juego de suerte y azar en todo el territorio del departamento del Cesar y fuera de su jurisdicción (apuestas efectuadas en hipódromos nacionales e internacionales)…”.

“Renace la hípica en Colombia”, informó Coljuegos en octubre de 2015 a través de un comunicado oficial: el Hipódromo San Francisco se había abierto al público con un permiso de seis meses para preoperación, contrato a 10 años, y estaban a punto de regresar al país las carreras de caballos. Su apertura significaba una enorme oportunidad para el monopolio rentístico, principalmente del departamento del Cesar, pero la realidad hoy es otra. En el lugar se invirtieron, según su propietario, Juan Ovalle Arzuaga, cerca de $3.000 millones de pesos.

Superados algunos impases de requisitos, el Gobierno departamental expidió Acta de Inicio del contrato el 26 de abril de 2017. El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, CNJSA, certifica en documento fechado el 10 de agosto de 2018 que el jefe de Rentas, Aristóbulo Cortes, aprobó la disposición del espacio físico en el edificio de la Gobernación del Cesar para la instalación del software y hardware del sistema de juegos, lo cual Cortes reconoció en diálogo con EL PILÓN.

Fue así como por la pista del Hipódromo San Francisco empezaron a correr caballos pura sangre inglés, (PSI); sábados y domingos se hicieron lo que llaman “reuniones de carreras” en la etapa preoperativa del hipódromo. “Esto era hermoso, hay fotos que pueden mostrarle, era lo mejor, se llenaba. Aquí veían partidos de la Selección Colombia en pantallas gigantes. Hubo un evento del Ejército, era el sitio de eventos. Ahora da pesar”, dijo Alex Cotes, un jornalero que hoy cuida el escenario y con nostalgia guió nuestro recorrido.

Había mucha expectativa. El periódico ‘La Estrella de Panamá’ anunciaba pletórico “el regreso del turf”, término europeo para referirse a las carreras de caballos. En el país del Canal veían con asombro el retorno de la hípica en Colombia, pues en territorio panameño los caballos no han dejado de correr y generar, además, millones de dólares en rentas.

Todo estaba listo. El entonces gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, asistió a eventos, dio el espaldarazo y la preoperación comenzó. Para la tarea era necesaria la otra parte del “renacer de la hípica”: la operación de apuestas.

Pero ¿qué pasó?, ¿Por qué se fue a pique el escenario que prometía cerca de $3.000 millones de recaudo – según Coljuegos – de impuestos anuales?

Algunos protagonistas de esta complicada historia dialogaron con EL PILÓN, sobre lo que ocurrió.

Juan Paulo Ovalle Arzuaga, propietario del Hipódromo San Francisco S.A.S; Aristóbulo Cortes, jefe de Rentas del Cesar; la Oficina Jurídica del departamento; el Grupo Caliente de México, gigante de las apuestas latinoamericanas; y otros actores hacen parte de este caso, muy poco o nada conocido para la opinión pública, y que se desarrolla en un entramado jurídico.

“Estuve en Perú, en Panamá, me visitó el Grupo Stronach, dueños de hipódromos en Estados Unidos, al final hice negocio con una empresa mexicana que se llama el Grupo Caliente, la más grande en apuestas que tiene América. Fui México, capacité ingenieros allá, importaron equipos, antenas, hicimos pruebas, montamos unos 10 locales en Colombia, a ellos les tocaba hacer una inversión de unos 3 millones de dólares…”, afirma Ovalle Arzuaga.

Hasta ese punto, Gobernación y concesionario estaban dándole vida al hipódromo, cuyo propietario logró asociarse con un gigante del negocio en Latinoamérica
EL PILÓN conoció el contrato de servicios entre el Hipódromo Agua Caliente S.A.S y el Hipódromo San Francisco S.A.S, en donde se especificaban las obligaciones del grupo mexicano con el colombiano y viceversa, entre ellas capacitar en Tijuana, Estado de Baja California, al equipo humano dirigido por Ovalle Arzuaga, así como también facilitar las herramientas tecnológicas, máquinas, boletería, señal audiovisual satélite de las carreras, entre otros.

Esta alianza por supuesto establecía el pago de impuestos a las arcas del departamento del Cesar por concepto de juegos de suerte y azar, porcentajes que, según Coljuegos, se destinan en un 50 % para el régimen de salud subsidiado y 50 % para hospitales públicos.

La caída del proyecto

Aristóbulo Cortes Flores, jefe de Rentas del Departamento del Cesar, le contestó en un oficio del 15 de junio de 2018 al abogado Alberto Mario Jubiz Castro, apoderado del Hipódromo San Francisco: “Esta entidad territorial mediante acto administrativo liquidó unilateralmente el contrato de concesión No. 2015 02 1284…”. Al consultarle a Cortes Flores por esta decisión, como supervisor de la licencia, respondió:

“Yo pienso que lo importante es cómo hoy está. Hoy hay un convenio que está vivo, que está en una etapa preoperativa. A mí me parece que lo justo es que venga el interesado (Ovalle Arzuaga), revisemos y a ver como enderezamos el camino porque él tiene una inversión allí. Hay una disposición del departamento que siempre ha sido, en cabeza del gobernador, en cabeza de la Secretaría de Hacienda y por supuesto en Rentas, en que eso (Hipódromo) se realice”, dijo Cortes Flores.

La razón que presenta el funcionario para haber promovido, como supervisor, la cancelación unilateral del contrato del hipódromo está basada en la comunicación de la Secretaría Técnica del CNJSA, de agosto de 2017, en la que advierte que “se ha evidenciado la realización de reuniones en el Hipódromo San Francisco, en las que presuntamente se han cursado apuestas, como lo demuestran algunas de las pruebas documentales obtenidas, aun cuando no se cuenta con el cumplimiento de todas las obligaciones para dar por terminada la etapa preoperativa…”.

“…Esa es la información que manda el CNJSA, que es quien pone la queja acá. Cuando el CNJSA le escribe al departamento el departamento tiene que responder, automáticamente, y determinar qué está pasando. Pero lo cierto es que hoy el departamento del Cesar no ha mandado a operar a ninguno porque hasta la fecha no se han cumplido los requisitos”, puntualizó el jefe de Rentas.

En el documento se la Secretaría Técnica del CNJSA se señalan 11 eventos de Temporada 2017 en el Hipódromo San Francisco y presenta como prueba los enlaces de YouTube, en donde se registraron audiovisualmente, y basado en esto conmina a Rentas del Cesar a verificar las presuntas apuestas. También indica el documento que hay una denuncia de un ciudadano que en un “punto de venta” del Hipódromo San Francisco, pero ubicado en Envigado, realizó cuatro apuestas “Superfecta” que resultaron ganadoras y solo le pagaron una.

Por este asunto, Rentas del Cesar citó a audiencia a Juan Paulo Ovalle Arzuaga para el 10 de noviembre de 2017 y el concesionario solicitó una reprogramación a lo que Cortes Flores accedió desde su despacho, quedando fijada para el 15 de noviembre del mismo mes.

“Ellos enviaron la citación con un mensajero y no por el servicio 472 como es debido y allá supuestamente recibió una secretaria del hipódromo, una tal Roxana Mesa, persona que yo no conozco. Entonces hicieron la audiencia sin mí y ese día me cancelaron la licencia, liquidaron el contrato y una multa de $130 millones. Ninguna empresa del Estado manda una notificación con chofer ni con servicios generales, eso tiene que ser por 472 obligatoriamente, entonces la notificación fue indebida”, afirmó Juan Ovalle.

Además indicó que solicitó por escrito a la Registraduría Nacional del Estado Civil la certificación de identidad de Roxana Mesa y el ente le contestó que esta esta persona no corresponde al número de cédula señalado en el “recibido” con puño y letra, pero que el número sí existe, asociado a un hombre oriundo de Chimá, Santander.

Sin embargo, el jefe de Rentas aclaró: “Nosotros tenemos un proceso debidamente realizado conforme a la ley. Hemos actuado en el departamento conforme a la ley, ahí tenemos todo un proceso con toda la documentación que está a disposición de quien la quiera, es con documentos que se demuestra quién tiene la razón”.

De manera que, mientras Rentas alega que la entidad superior, CNJSA, envió una comunicación que sirvió de base para la Resolución número 005129 del 15 de noviembre de 2017, mediante la cual se liquidó el contrato del hipódromo, Ovalle Arzuaga plantea que las actuaciones no se hicieron de manera debida, tirando al suelo la operación y acarreando daños y perjuicios.

Le dieron la razón

Sin licencia en el Cesar, propietarios de caballos que devolvieron sus animales, con una multa millonaria determinada por Rentas del Cesar, el hipódromo cayéndose a pedazos, y además la cancelación del contrato de servicios establecido con el Grupo Caliente, en el que además se establecía que toda controversia jurídica en el acuerdo debe resolverse en estrados mexicanos, el negocio se vino a pique.

“No solo se canceló ese contrato, me impusieron una multa de un millón de dólares, cerrados”, aseguró Ovalle Arzuaga.

Pero en julio del año 2018 el asunto dio un giro en favor del Hipódromo San Francisco, luego de una solicitud del abogado contratado por su propietario. Siendo Virginia Ojeda la jefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento del Cesar se resolvió mediante acto administrativo número 003136 revocar Artículo 4 del acto administrativo 005129 del 15 de noviembre de 2017, “en el sentido de dejar sin efecto la orden de proceder a la liquidación del Contrato de Concesión No. 2015 – 02 – 1284…”.

Las razones.

En la decisión de revocatoria directa del acto administrativo, la Oficina Asesora Jurídica se expone que encontró causales contempladas en la ley, pues se violó el debido proceso. En otras palabras, no debió el Gobierno departamental liquidar unilateralmente un contrato que tenía vigencia de 10 años, más allá de suspenderlo y multarlo por el no cumplimiento del mismo en el que haya incurrido el Hipódromo San Francisco.

“…vemos que la decisión de liquidar el contrato resulta abiertamente contraria a derecho por cuanto transgrede los límites y alcances del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011…”, dice la Resolución 03146 del 25 de julio de 2018, que le devolvió la vida al contrato del hipódromo.

Así las cosas, el Hipódromo San Francisco tiene la opción de volver al punto de partida para operar, pero su representante legal advirtió que no es tan fácil porque debe primero solucionar los problemas en los que se metió por cuenta de la polémica sanción que le impuso la Oficina de Rentas del Cesar.