Uno de los casos más recordados en la región es el de Consuelo Araújo Noguera, perpetrado por las antiguas FARC en septiembre del 2001 cuando regresaba de Patillal, jurisdicción de Valledupar.
Otro de los horrores a los que fueron sometidos los habitantes del departamento del Cesar durante el conflicto armado y social colombiano fue el secuestro, con la segunda proporción más alta del país.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, los territorios más afectados por esta violación son: Antioquia con 9.308 víctimas; Cesar con 3.353 afectados y Norte de Santander con 2.949 víctimas.
En Bolívar se reportan 2.611 secuestrados y en Nariño 2.513 casos entre 1990 y 2018.
Cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, muestran que desde 1958 al 2016 se registraron 2.892 casos de este tipo.
“Es un crimen reconocido y repudiado por la sociedad colombiana. Supone la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios”, señala el Informe Final.
Se trata de un sometimiento “que condiciona la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial…”, se precisa en el documento investigativo.
Además, se señala como “mayores responsables” a la guerrilla de las FARC con el 40% de los casos a nivel nacional, seguido de los grupos paramilitares, el ELN y otras estructuras.
Este grupo insurgente secuestró a siete trabajadores de medios de comunicación el 10 de noviembre de 1999, incluídos dos miembros del diario EL PILÓN: el periodista Pablo Camargo y el reportero Edgar de la Hoz.
Al día siguiente, la portada de esta casa editorial tenía los rostros de esos afectados, pero también de José Urbano Céspedes y Aldemar Cárdenas, reportero y camarógrafo de Caracol Televisión; David Sierra Daza e Isbel Ballesteros, periodista y el operador de cámara; además, el colega de este último, Libar Maestre, de CM&.
Lea también: El periodismo cesarense, víctima del conflicto armado
La tragedia ocurrió cuando este personal se dirigía al corregimiento de Atánquez a cubrir una incursión armada.
Sierra Daza dijo a EL PILÓN que los mantuvieron en cautiverio durante varios días “en un bohío indígena en la región de Maruámake, Sierra Nevada de Santa Marta”.
Aunque fueron liberados, la Comisión no descarta que las víctimas de estos hechos continúen padeciendo por consecuencias en su salud física y/o mental.
Cabe mencionar que además de la prensa, los empresarios y miembros de las élites económicas y políticas también sufrieron, así como otros grupos de la sociedad civil.
Vea aquí otros casos recopilados por la Comisión de la Verdad https://www.comisiondelaverdad.co/caso-63-el-secuestro-en-el-cesar-entre-carreteras-y-cercas
En septiembre de 2020, ocho líderes de la antigua guerrilla pidieron perdón a las víctimas y sus familiares por los secuestros durante el conflicto.
“El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar ese lastre”, sostuvieron.
Le puede interesar: Las FARC reconocen y piden perdón a las víctimas por los secuestros
Uno de los casos más recordados en la región es el de Consuelo Araújo Noguera, perpetrado por las antiguas FARC en septiembre del 2001 cuando regresaba de Patillal, jurisdicción de Valledupar.
Otro de los horrores a los que fueron sometidos los habitantes del departamento del Cesar durante el conflicto armado y social colombiano fue el secuestro, con la segunda proporción más alta del país.
De acuerdo con la Comisión de la Verdad, los territorios más afectados por esta violación son: Antioquia con 9.308 víctimas; Cesar con 3.353 afectados y Norte de Santander con 2.949 víctimas.
En Bolívar se reportan 2.611 secuestrados y en Nariño 2.513 casos entre 1990 y 2018.
Cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH, muestran que desde 1958 al 2016 se registraron 2.892 casos de este tipo.
“Es un crimen reconocido y repudiado por la sociedad colombiana. Supone la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado bajo intimidación, amenaza u otros medios”, señala el Informe Final.
Se trata de un sometimiento “que condiciona la liberación o la seguridad e integridad personal de las víctimas a la satisfacción de exigencias económicas, políticas, militares y de control territorial…”, se precisa en el documento investigativo.
Además, se señala como “mayores responsables” a la guerrilla de las FARC con el 40% de los casos a nivel nacional, seguido de los grupos paramilitares, el ELN y otras estructuras.
Este grupo insurgente secuestró a siete trabajadores de medios de comunicación el 10 de noviembre de 1999, incluídos dos miembros del diario EL PILÓN: el periodista Pablo Camargo y el reportero Edgar de la Hoz.
Al día siguiente, la portada de esta casa editorial tenía los rostros de esos afectados, pero también de José Urbano Céspedes y Aldemar Cárdenas, reportero y camarógrafo de Caracol Televisión; David Sierra Daza e Isbel Ballesteros, periodista y el operador de cámara; además, el colega de este último, Libar Maestre, de CM&.
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La tragedia ocurrió cuando este personal se dirigía al corregimiento de Atánquez a cubrir una incursión armada.
Sierra Daza dijo a EL PILÓN que los mantuvieron en cautiverio durante varios días “en un bohío indígena en la región de Maruámake, Sierra Nevada de Santa Marta”.
Aunque fueron liberados, la Comisión no descarta que las víctimas de estos hechos continúen padeciendo por consecuencias en su salud física y/o mental.
Cabe mencionar que además de la prensa, los empresarios y miembros de las élites económicas y políticas también sufrieron, así como otros grupos de la sociedad civil.
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En septiembre de 2020, ocho líderes de la antigua guerrilla pidieron perdón a las víctimas y sus familiares por los secuestros durante el conflicto.
“El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Tomada esa decisión en las circunstancias excepcionales de la guerra irregular y buscando equilibrar fuerzas, tuvimos que arrastrar ese lastre”, sostuvieron.
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