Después de conocerse que los exmilitares que reconocieron los ‘falsos positivos’ del Batallón La Popa no pagarían cárcel como sanción restaurativa, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, hizo la primera notificación sobre el caso con pertinencia étnica a los pueblos indígenas de los departamentos del Cesar y La Guajira.
El encargado fue el magistrado Oscar Parra, quien dialogó con los pueblos wiwa y kankuamo de las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como con las comunidades indígenas de San Juan del Cesar y Los Haticos, en La Guajira, con miras a las sanciones restaurativas que se impondrán.
“Con esta notificación se inició un diálogo con las víctimas para explorar escenarios restaurativos y proyectos de sanciones propias para los máximos responsables de los crímenes de guerra y lesa humanidad que ocurrieron aquí”, manifestó Parra.
