El predio, ubicado en zona rural de Valledupar, está actualmente custodiado por un grupo del pueblo arhuaco.
La mañana de este jueves, 15 de mayo, un grupo de kankuamos marchó desde el puente Hurtado de Valledupar para exigir la restitución del predio Monte Sión, ubicado en la vía hacia Sabana Crespo, zona rural de Valledupar. El terreno se encuentra desde el pasado 28 de abril custodiado por miembros del pueblo arhuaco que aseguran que el terreno les pertenece, aunque los kankuamos lo hayan comprado legalmente.
De acuerdo con el cabildo gobernador del pueblo Kankuamo , Jaime Luis Arias, para esta movilización fueron convocadas 15 comunidades y 10 asentamientos de este pueblo indígena ante la falta de un mecanismo para el retorno de las 56 familias kankuamas que fueron desplazadas de Monte Sión en medio de una “intrusión” violenta de un grupo de arhuacos que reclaman ese terreno como suyo.
“Han sido insuficientes las respuestas de los entes locales porque han pasado 18 días desde los actos de violencia en Monte Sión y hasta ahora es que se va a crear una mesa con el Gobierno nacional para buscar una solución inmediata para el desplazamiento, confinamiento y la falta de movilidad en nuestros territorios”, manifestó Arias.
Agregó que se han violado todos los derechos constitucionales del pueblo kankuamo, ya que continúan más de 100 personas, entre ellos 56 niños, viviendo de manera precaria en el Casa Indígena porque un grupo de arhuacos impiden que los kankuamos ingresen a Monte Sión, sitio en donde habitaban estas familias. Así mismo, el confinamiento de 36 personas de la comunidad Minakemena, resguardo Los Laureles.
Con pancartas en las que expresaban su deseo de volver a la “tierra que les pertenece” y su preocupación por sus hermanos de comunidad que están próximos a cumplir 20 días de confinamiento, niños, niñas, mujeres y adultos mayores caminaron desde el puente Hurtado, sitio sagrado para esta comunidad, hasta la Casa Indigena de Valledupar.
En atención al clamor del pueblo kankuamo, se desarrolló un mesa de trabajo conformada por funcionarios del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Gobierno de Valledupar, Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y miembros de estos pueblos indígenas para buscar alternativas que le den fin a este conflicto.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, quien manifestó que en compañía de miembros de los entes locales se desplazaron hasta el puente Hurtado para dialogar con la comunidad kankuama y persuadirlos de no “tomar vías de hecho” como bloquear la ciudad, sino que participaran en una mesa de diálogo institucional para finiquitar el conflicto.
El pasado lunes, 12 de mayo, en Valledupar, se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que estuvieron presentes los cabildos gobernadores de los pueblos arhuaco y kankuamo, Zarwawiko Torres Torres y Jaime Luis Arias, respectivamente. En este espacio se habló sobre un plan retorno para las familias desplazadas que se encuentran hacinadas en la Casa Indigena.
Sin embargo, la fecha aún no ha sido decidida y siguen pasando los días. Al respecto, Arias explicó que no hay voluntad por parte del pueblo arhuaco para permitir nuevamente el ingreso de los kankuamos asentados en Monte Sión. Esto lo afirma a raíz de una visita de verificación que se realizó en compañía de la Alcaldía de Valledupar al resguardo Los Laureles, en donde persiste el bloqueo arhuaco.
“Las personas confinadas están supeditadas a unos líderes de otros pueblos, cosa que es inadmisible y que tiene que exigirse por parte del Estado una respuesta inmediata y una garantía. Se están planteando alternativas de retorno, pero si hoy no hay condiciones para llevar ayuda humanitaria mucho menos el retorno de las familias. Solo una vez dejaron pasar las ayudas y eso fue hace 10 días”, argumentó Arias.
La mañana del pasado lunes, 28 de abril, la comunidad kankuama de Valledupar denunció que más de 500 personas de la etnia arhuaca ingresaron a Monte Sión y destruyeron viviendas, una escuela, “profanaron” sitios sagrados y desplazaron a 56 familias asentadas en este predio que ha provocado agresiones físicas, verbales y hasta la presunta detención ilegales.
El conflicto por esta área de 24 hectáreas cercana al resguardo Kankuamo Los Laureles, inició hace tres años cuando el pueblo kankuamo le compró el terreno a un particular, el docente Francisco Oliveros, según manifestó un miembro de esta etnia que prefirió omitir su nombre.
Según su versión, anteriormente en el sitio se realizaban actividades de comunidades cristianas y evangélicas. “Nosotros compramos la parcela a un civil con recursos propios hace tres años y a raíz de eso surgió un conflicto con los arhuacos asentados en zonas cercanas porque dijeron que esos predios no podían comprarse, que tenían que ser compartidos porque eso era de una comunidad arhuaca”, señaló.
Sobre las denuncias de la comunidad kankuama, José Samuel Villafañe, miembro del pueblo arhuaco asentado en la zona oriental del resguardo de esta etnia, manifestó que el predio donde residen los kankuamos no es para habitar: es un espacio de pagamento del pueblo arhuaco y que los kankuamos debían utilizarlo como zona de recuperación, acuerdo que presuntamente fue incumplido porque edificaron viviendas en el predio.
Por Redacción EL PILÓN
El predio, ubicado en zona rural de Valledupar, está actualmente custodiado por un grupo del pueblo arhuaco.
La mañana de este jueves, 15 de mayo, un grupo de kankuamos marchó desde el puente Hurtado de Valledupar para exigir la restitución del predio Monte Sión, ubicado en la vía hacia Sabana Crespo, zona rural de Valledupar. El terreno se encuentra desde el pasado 28 de abril custodiado por miembros del pueblo arhuaco que aseguran que el terreno les pertenece, aunque los kankuamos lo hayan comprado legalmente.
De acuerdo con el cabildo gobernador del pueblo Kankuamo , Jaime Luis Arias, para esta movilización fueron convocadas 15 comunidades y 10 asentamientos de este pueblo indígena ante la falta de un mecanismo para el retorno de las 56 familias kankuamas que fueron desplazadas de Monte Sión en medio de una “intrusión” violenta de un grupo de arhuacos que reclaman ese terreno como suyo.
“Han sido insuficientes las respuestas de los entes locales porque han pasado 18 días desde los actos de violencia en Monte Sión y hasta ahora es que se va a crear una mesa con el Gobierno nacional para buscar una solución inmediata para el desplazamiento, confinamiento y la falta de movilidad en nuestros territorios”, manifestó Arias.
Agregó que se han violado todos los derechos constitucionales del pueblo kankuamo, ya que continúan más de 100 personas, entre ellos 56 niños, viviendo de manera precaria en el Casa Indígena porque un grupo de arhuacos impiden que los kankuamos ingresen a Monte Sión, sitio en donde habitaban estas familias. Así mismo, el confinamiento de 36 personas de la comunidad Minakemena, resguardo Los Laureles.
Con pancartas en las que expresaban su deseo de volver a la “tierra que les pertenece” y su preocupación por sus hermanos de comunidad que están próximos a cumplir 20 días de confinamiento, niños, niñas, mujeres y adultos mayores caminaron desde el puente Hurtado, sitio sagrado para esta comunidad, hasta la Casa Indigena de Valledupar.
En atención al clamor del pueblo kankuamo, se desarrolló un mesa de trabajo conformada por funcionarios del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Gobierno Departamental, Secretaría de Gobierno de Valledupar, Secretaría de Seguridad y Convivencia Municipal, Personería Municipal, Defensoría del Pueblo y miembros de estos pueblos indígenas para buscar alternativas que le den fin a este conflicto.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno Departamental, Eduardo Esquivel, quien manifestó que en compañía de miembros de los entes locales se desplazaron hasta el puente Hurtado para dialogar con la comunidad kankuama y persuadirlos de no “tomar vías de hecho” como bloquear la ciudad, sino que participaran en una mesa de diálogo institucional para finiquitar el conflicto.
El pasado lunes, 12 de mayo, en Valledupar, se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que estuvieron presentes los cabildos gobernadores de los pueblos arhuaco y kankuamo, Zarwawiko Torres Torres y Jaime Luis Arias, respectivamente. En este espacio se habló sobre un plan retorno para las familias desplazadas que se encuentran hacinadas en la Casa Indigena.
Sin embargo, la fecha aún no ha sido decidida y siguen pasando los días. Al respecto, Arias explicó que no hay voluntad por parte del pueblo arhuaco para permitir nuevamente el ingreso de los kankuamos asentados en Monte Sión. Esto lo afirma a raíz de una visita de verificación que se realizó en compañía de la Alcaldía de Valledupar al resguardo Los Laureles, en donde persiste el bloqueo arhuaco.
“Las personas confinadas están supeditadas a unos líderes de otros pueblos, cosa que es inadmisible y que tiene que exigirse por parte del Estado una respuesta inmediata y una garantía. Se están planteando alternativas de retorno, pero si hoy no hay condiciones para llevar ayuda humanitaria mucho menos el retorno de las familias. Solo una vez dejaron pasar las ayudas y eso fue hace 10 días”, argumentó Arias.
La mañana del pasado lunes, 28 de abril, la comunidad kankuama de Valledupar denunció que más de 500 personas de la etnia arhuaca ingresaron a Monte Sión y destruyeron viviendas, una escuela, “profanaron” sitios sagrados y desplazaron a 56 familias asentadas en este predio que ha provocado agresiones físicas, verbales y hasta la presunta detención ilegales.
El conflicto por esta área de 24 hectáreas cercana al resguardo Kankuamo Los Laureles, inició hace tres años cuando el pueblo kankuamo le compró el terreno a un particular, el docente Francisco Oliveros, según manifestó un miembro de esta etnia que prefirió omitir su nombre.
Según su versión, anteriormente en el sitio se realizaban actividades de comunidades cristianas y evangélicas. “Nosotros compramos la parcela a un civil con recursos propios hace tres años y a raíz de eso surgió un conflicto con los arhuacos asentados en zonas cercanas porque dijeron que esos predios no podían comprarse, que tenían que ser compartidos porque eso era de una comunidad arhuaca”, señaló.
Sobre las denuncias de la comunidad kankuama, José Samuel Villafañe, miembro del pueblo arhuaco asentado en la zona oriental del resguardo de esta etnia, manifestó que el predio donde residen los kankuamos no es para habitar: es un espacio de pagamento del pueblo arhuaco y que los kankuamos debían utilizarlo como zona de recuperación, acuerdo que presuntamente fue incumplido porque edificaron viviendas en el predio.
Por Redacción EL PILÓN