Judicializarán a exfuncionarios por la ‘Casa en el Aire’ en Valledupar
Los investigados deberán responder por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.
La investigación originada por la polémica obra de la ‘Casa en el Aire’ ubicada en la carrera 9, al norte de la ciudad, comenzó a arrojar este jueves los primeros resultados. La Fiscalía en un operativo materializó la captura de cuatro exfuncionarios y dos contratistas de la Alcaldía de Valledupar, que participaron en el ambicioso proyecto.
Estos son los exsecretarios de Obra Juan Pablo Morón Riveira y Jorge Armando Maestre Jaraba, el interventor Carlos Andrés Losada Contreras, los contratistas Johana Patricia Vergara Abello y Jorge Mario Peña Mattos.
De igual manera, al exsecretario General José Juan Lechuga Zambrano y al exalcalde de la ciudad, Augusto Daniel Ramírez Uhía, les notificaron las órdenes judiciales en su contra debido a que tienen impuesta una medida domiciliaria por otro proceso.
Todos serán presentados ante un juez de control de garantías para las audiencias preliminares que solicitó la Fiscalía 12 seccional.
EL PROCESO
La investigación responde al contrato No. 1613 de 2018 que se suscribió para la construcción de la primera etapa del parque Casa en el Aire por valor de $6.398.499.993.30 y con un plazo de 11 meses.
Este fue adjudicado al Consorcio Broes Construcciones, representado legalmente por Johana Patricia Vergara Abello y tuvo como supervisor al exsecretario de Obras, Juan Pablo Morón Riveira.
Pero en la etapa precontractual hubo presuntas irregularidades. Por ejemplo, según la Fiscalía, se omitió obtener la licencia de construcción, lo que generó un desplazamiento del lugar de la cimentación de la obra que trajo como consecuencia, la suspensión de la misma en tres oportunidades.
Un motivo que habría generado que se realizara una adición al contrato de $2.897.333.063, para un total de $9.295.833.056,30.
Los cobros fueron realizados por el nuevo representante legal de Broes, Jorge Mario Peña Mattos; autorizados por el interventor, Carlos Andrés Losada Contreras, y los supervisores Juan Pablo Morón Riveira, exsecretario de Obras, y posterior a su salida, el nuevo secretario Jorge Armando Maestre Jaraba.
Sin embargo, la obra todavía está inconclusa a pesar de que el municipio ha cancelado más de $3.012.436.705,60, lo que se constituye en un detrimento patrimonial.
“El contratista ha presentado al municipio la ejecución de unas cantidades de obras a mayor valor y mayores cantidades, como es el caso de la cantidad de metros cúbicos de concreto, que se han cobrado al municipio 2.290 m3 cuando de la información suministrada por los proveedores, se estableció que solo se han despachado 1.596,50 m3, es decir, se sobrefacturó 693.79 m3 de concreto”, indicó una fuente judicial.