La situación de orden público en el municipio de Río de Oro, sur del Cesar, continúa generando preocupación en medio de la disputa por la finca La Pola, predio ocupado desde hace cerca de dos años, y el reporte sobre la presunta retención de dos funcionarios de una empresa petrolera.
En entrevista con medios de comunicación, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, se refirió a la situación y explicó que la Gobernación tuvo conocimiento del caso a través de reportes oficiales, lo que motivó la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU), convocado por la Alcaldía de Río de Oro, con participación de autoridades locales y departamentales.
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Esquivel señaló que, ante la gravedad de la información recibida, la administración departamental ofició a los ministerios de Defensa e Interior, así como a la Agencia Nacional de Tierras, solicitando acompañamiento institucional y acciones frente a lo que fue catalogado como una posible conducta ilegal en el marco del conflicto por la propiedad del predio.
En esa misma línea, la Gobernación del Cesar reiteró, mediante comunicado, que la gobernadora Elvia Milena Sanjuán rechaza cualquier hecho que altere el orden público y que, por instrucción suya, “se brinda acompañamiento a las familias de los contratistas presuntamente privados de la libertad, mientras los organismos de seguridad verifican la situación en terreno”.
Ocupantes de finca niegan retención
Horas después de estas declaraciones, comenzó a circular en redes sociales y grupos de mensajería un video en el que un vocero de los ocupantes de la finca La Pola niega que exista retención alguna y lanza fuertes acusaciones contra dirigentes políticos del departamento, funcionarios públicos y periodistas.
En el material audiovisual, el hombre asegura que los campesinos estarían siendo víctimas de persecución y estigmatización, y señala a varios actores políticos y administrativos de, según su versión, difundir información falsa con fines políticos. Asimismo, denuncia supuestas irregularidades en programas sociales como el transporte escolar y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), y afirma haber recibido amenazas.
El vocero también insiste en que la comunidad no abandonará el predio y rechaza cualquier señalamiento de vínculos con grupos armados o estructuras criminales.
Frente a la circulación de este video, desde la Gobernación del Cesar se reiteró que las declaraciones institucionales se basan exclusivamente en reportes oficiales conocidos por las autoridades competentes y que cualquier denuncia debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía y los organismos de control.
Mientras avanzan las verificaciones para esclarecer si existió o no la presunta retención denunciada, las autoridades mantienen seguimiento permanente a la situación con el objetivo de evitar alteraciones del orden público y garantizar los derechos de todas las partes involucradas en este conflicto que sigue generando tensión social y política en el sur del departamento.
