Cinco presuntas inconsistencias que detectaron en una interventoría que realizó la Dirección Regional Tres Norte del Inpec en la Penitenciaria de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar, ‘La Tramacúa’, sería el motivo por el que dejó el cargo el entonces director del penal, César Fernando Caraballo Quiroga, a finales del pasado mes de mayo.
Los hallazgos se relacionaron a temas de contratación, viáticos y negocios dentro del penal que carecían de documentación reglamentaria para funcionar. El primero hace referencia al casino de funcionarios, el cual era administrado por un particular sin el lleno de requisitos. Según el informe, el particular manifestó que no realizó contrato con el establecimiento que por concepto de arrendamiento cancelaba a la dirección la suma de $1.000.000; sin embargo, no hubo evidencias en pagaduría del ingreso a la caja especial por este concepto.
“Adjunto al casino funciona una tienda, que según información suministrada es administrada por el fondo de empleados del establecimiento; al momento de la visita se encontraba atendiendo al público el dragoneante Hinestroza Román. Al parecer es administrado por el dragoneante Muñoz César. No obstante, se constató que no existe ningún documento que legalmente acredite la existencia de dicho fondo”, reza el informe conocido por EL PILÓN.
