A pesar del acto de desagravio que recientemente realizó el Estado por la muerte de Juan Simón Cantillo Raigoza y de Keila Sandrith Cantillo Vides, asesinados en el municipio de Agustín Codazzi, 20 años después las muertes continúan en total impunidad por parte de la justicia colombiana.
“Eso indica que ese recurso judicial resultó ineficaz, el recurso administrativo interno que se debía agotar en la justicia… Para la obtención de una reparación directa no fue posible debido a que no había garantías de seguridad y había temor en la población que impidió durante los dos años siguientes iniciar una acción”, explicó Aníbal Rafael Mercado Salcedo, representante legal de la Fundación Mínima Vital, representante de víctima de la familia.
En consecuencia, la corporación, de la que también hace parte el abogado Wilber de Jesús Baquero Daza, emprendió la batalla jurídica entre los años 2008 a 2010 que arrojó como resultado la decisión en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reconoció que el Estado vulneró el derecho a las víctimas.
