“Que ratifique ante esta sala, las víctimas y sus representantes, los medios y la sociedad en general, su compromiso inquebrantable de seguir en el proceso de Justicia y Paz, esclareciendo cada uno de sus crímenes, revelando los nombres de los financiadores de la causa paramilitar: ganaderos, palmicultores, industriales, terratenientes, bananeros y demás. Que revele los nombres de los miembros de la fuerza pública, de los organismos de seguridad del Estado, de los funcionarios públicos políticos y en general de todos aquellos que resulten afectos de la causa paramilitar”, exigieron los abogados de las víctimas de alias ‘Jorge 40’, a través de una comunicación que el pasado cuatro de junio enviaron a la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, solicitando que no se excluyera al exjefe del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, del proceso de Justicia Transicional.
Pero ni las súplicas de las víctimas que claman verdad por parte de los exparamilitares frenaron la exclusión de Rodrigo Tovar Pupo, quien tenía mucho que confesar en Justicia y Paz: la verdad que sanaría las heridas de miles de víctimas que soortaron el dolor por los muertos, desaparecidos, desplazados y despojados de sus tierras, hechos que les han ocasionado años de sufrimiento.
‘Papa Tovar’, como también es conocido, por recurrir al derecho a no autoincriminarse mientras que es juzgado por narcotráfico ante la justicia norteamericana, perdió los beneficios que le otorgaba en Colombia la Ley 975 de 2005, más conocida como Ley de Justicia y Paz, a la que se acogió el 11 de marzo de 2006, día en que se desmovilizó.
El 29 de julio de 2013, los abogados de Rodrigo Tovar Pupo manifestaron que el postulado estaba interesado en continuar participando con la justicia colombiana en el programa de Justicia y Paz, pero que este solo lo haría después de ser sentenciado en los Estados Unidos.
