Los malos manejos de los recursos públicos y los nexos con los grupos armados ilegales han marcado la historia política del país y especialmente del Cesar, donde varios exgobernadores, exalcaldes y excongresistas han sido encarcelados.
El Cesar fue y sigue siendo uno de los departamentos más azotados por la violencia de los grupos armados ilegales, los cuales, además de dejar una estela de muerte para imponerse sobre los más débiles, han participado activamente en los procesos electorales para permear las administraciones locales.
En el Establecimiento Penitenciario Y Carcelario de Mediana Seguridad de Valledupar, ubicado en el barrio Dangond, actualmente se encuentran recluidos siete exalcaldes cesarenses, cuatro condenados y tres sindicados, unos por delitos de lesa humanidad y otros por ‘desangrar’ el erario.
De San Alberto
Javier Zarate Ariza y Gerardo Jaimes Ortega, están presos luego de ser capturados el 28 de noviembre de 2003 por su presunta participación en la muerte de Aída Cecilia Lasso Gemade, candidata a la alcaldía de ese municipio, y de su hija menor Sindy Paola Rondón Lasso, en hechos ocurridos la noche del 21 de junio de 2000, cuando fueron asesinadas por paramilitares.
Javier Zárate Ariza, fue elegido como alcalde de San Alberto tras el asesinato de la candidata. También fue acusado de participar en el plan para matarla.
Ambos exmandatarios fueron condenados a 31 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, además recibieron como pena accesoria la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de veinte 20 años.
Gerardo Jaimes Ortega, quien fungió como alcalde en el periodo 1998-2000, tiene otra condena proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión Adjunto de Valledupar en septiembre de 2010, por el homicidio del concejal Hugo López Quiroz, asesinado el 28 de julio de 1999, en un hospedaje del municipio de San Alberto. Según las investigaciones adelantadas por las autoridades el crimen del concejal se originó por supuestas divergencias políticas con el entonces mandatario municipal Gerardo Jaimes Ortega.
