La visión errada de algunos funcionarios del gobierno central, de esos que solo conocen el medio bogotano y desconocen la realidad de nuestro país, funcionarios oficiales ciegos ante la diversidad de Colombia como un país de regiones, promovieron la expedición de una norma que estableció el reglamento técnico a través del cual se creó el “Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles”, el Decreto 1500 de 2007 y la Resolución 3659 de 2008.
En Colombia, antes de la expedición de dichas normas legales, existían cinco tipos de plantas de sacrificio de ganado: plantas de sacrificio grandes, tipo exportación, destinadas al abastecimiento de grandes centros de consumo de carne bovina, nacionales e internacionales; plantas de sacrificio regionales, destinadas a atender el consumo de diferentes municipios ubicados en su zona de influencia; mataderos de ciudades intermedias; mataderos municipales ubicados en ciudades pequeñas y mataderos corregimentales. Antes de la expedición de la norma referida, existían en el país más de 1.200 plantas de sacrificio de ganado bovino.
El control de movilización correspondía a las secretarías de Gobierno municipales e inspectores de policía adscritos a estas, funcionarios a quienes les correspondía velar por el origen legal de los bovinos movilizados hacia las plantas de sacrificio a través de la verificación de hierros quemadores utilizados en su identificación y el origen y legalidad de los bonos de venta expedidos a los comerciantes de ganados para el sacrificio.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) era la entidad encargada de vigilar y certificar el cumplimiento de los programas de vacunación, requisito fundamental para la expedición de las guías de movilización, y la calidad sanitaria de los animales a sacrificar era verificada y autorizada por veterinarios vinculados al ICA y a las secretarías de Salud; estos procedimientos se ejercían en las plantas de sacrificio municipales; en los corregimientos, esta labor era ejercida por los inspectores de policía.
La carne para comercializar en los diferentes puntos de venta necesariamente era facturada por las plantas de sacrificio respectivas, procedimiento que formalizaba la legalidad y procedencia de la carne a expender al público consumidor, y los puntos de venta eran vigilados y supervisados por las secretarías de Gobierno a través de inspectores de precios, pesas y medidas y por los inspectores de policía.
En conclusión, antes de la expedición del Decreto 1500 del año 2007, en el país la comercialización de la carne bovina era una actividad con todos los controles legales requeridos y necesarios para asegurar la calidad del producto y la defensa del productor y el consumidor.
Hoy, después de aproximadamente 18 años de vigencia del Decreto 1500 de 2007 y demás normas legales consecuentes y relacionadas con este, según información del Invima, en el país existen, con corte a agosto del año 2025: “580 (48 %) plantas de sacrificio, de las cuales solo 213 plantas de sacrificio (17,75 %), con relación a la cifra de plantas en funcionamiento antes de expedir la norma referida, están funcionando acogiéndose a los parámetros establecidos en el decreto referenciado; 367 plantas de sacrificio (30,6 %) están cerradas gestionando y adecuándolas a la norma” y aproximadamente 620 mataderos (51,7 %) cerrados definitivamente, por carencia de recursos, falta de gestión de las autoridades municipales y desinterés en el tema de parte del Gobierno nacional desde el momento en que entró en vigencia la norma bogotana.
Adicionalmente, el control a los expendios de carne bovina es lamentablemente inoperante e ineficiente; las entidades oficiales responsables de dicha función, por corrupción, desconocimiento o por vínculos con los ladrones de ganados y los comercializadores de carnes de procedencia ilegal, no cumplen con sus funciones de autoridad encargada de ejercer esta labor.
En nuestro municipio, según un censo realizado por la Secretaría de Salud municipal, en el año 2017 se identificó la existencia de más de 500 lugares en los cuales se vende carne bovina. La planta de Coolesar, ubicada en Valledupar y administrada por Colanta, que está autorizada para realizar el proceso de sacrificio de bovinos para abastecer el consumo de la ciudad, durante el año 2025 sacrificó en promedio 90 reses diarias, reses que, según los rendimientos normales, aportaron 17.100 kilos de carne bovina en canal; es decir, los expendios existentes comercializaron en promedio 28,5 kilos entre carne, huesos y vísceras, cantidad de carne destinada a abastecer el consumo de una población de 575.225 habitantes que residen en la ciudad según las cifras del DANE.
Los residentes en nuestra ciudad consumieron en el año 2025, una cifra irrisoria de 29,7 gramos de carne bovina sacrificada en la planta de sacrificio ubicada en Valledupar y autorizada para tal fin por la ley; esta cifra del consumo de la ciudad y sus corregimientos no se la cree nadie. ¿Entonces, de dónde procede el resto de la carne que se consume en la ciudad?
Otra información relevante nos la facilita el Invima: en el departamento del Cesar existían 25 plantas de sacrificio bovino y de cerdos, una planta por cada municipio existente y un número indeterminado de plantas corregimentales. Hoy, gracias a la norma expedida en el año 2007, por el ministro de Agricultura de la época, Andrés Felipe Arias Leiva, pensando, supuestamente, en apoyar al sector ganadero del país —el cual está conformado por aproximadamente 616.000 ganaderos y el 92% son pequeños—, después de 18 años de vigencia de dicha normagracias al respaldo a los ganaderos por parte de dicho ministro, en nuestro departamento hoy solo 5 plantas de sacrificio bovino están funcionando acogiéndose a los preceptos definidos en la norma referida: Valledupar, Aguachica, La Jagua de Ibirico, Codazzi y San Alberto.
¿Será que el resto de los municipios de nuestro departamento y los corregimientos dejaron de comer carne bovina? ¿Cómo se abastecen de carne el creciente número de restaurantes especializados en el procesamiento de carne bovina?; ¿Existe algún procedimiento para verificar la procedencia de la carne que se comercializa en el municipio? ¿Existen los funcionarios públicos especializados en esta labor de control? ¿Es un tema de interés para las autoridades?
Esta es una realidad que propicia el abigeato y la comercialización de carnes de ganados robados y genera varios interrogantes: ¿será que el 77 % de las poblaciones radicadas en los otros 20 municipios del Cesar, en donde se encuentran cerradas las plantas de sacrificio que existían antes de la expedición de las normas legales citadas, dejaron de consumir carne y se volvieron veganos? ¿Será que estas normas que desconocen la realidad de un país de regiones facilitan el actuar delictivo en contra de los ganaderos y propician las condiciones sanitarias inadecuadas a los consumidores? ¿Será que la ganadería no es un sector económico importante para las autoridades nacionales, departamentales y municipales? ¿Será que en el país existe alguien interesado en revisar esta situación y realizar los correctivos necesarios, para controlar el abigeato (robo de ganado), en permanente crecimiento?
Hernán Araújo Castro
haraujocastro@hotmail.com
