El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Valledupar admitió una demanda en contra del municipio por la “negligencia” que se ha presentado en los últimos tres años para poner en funcionamiento la despulpadora de frutas, ubicada en el corregimiento de La Mina. La construcción de la obra inició en el 2018 y hasta la fecha sigue en inactividad por la falta de insumos y maquinaria.
El proceso jurídico fue interpuesto por los procuradores Andy Ibarra y Jesús Rodríguez ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 19 de mayo y el primero de junio fue asignado al juzgado para su estudio. En el oficio también es demandado Jaime Arias, cabildo gobernador del pueblo kankuamo, porque presuntamente se está “violando el derecho colectivo relacionado con la defensa del patrimonio público”, que en este caso sería la despulpadora al no estar actualmente en funcionamiento.
La demanda señala que el municipio de Valledupar está vulnerando dicho derecho porque destinó para la obra $416.667 millones aproximadamente, que provenían de los recursos de inversión pública del territorio. Este rubro fue invertido para generar desarrollo económico y social de las comunidades indígenas, campesinos del municipio de Valledupar y su zona de influencia debido a que el procesamiento de frutas expandiría los productos que se ofertan en el municipio y con ello se generarían más ingresos.
