La incertidumbre y la preocupación se apoderaron de las calles de Valledupar el viernes, 23 de mayo, cuando cientos de jóvenes y profesionales del programa Jóvenes en Paz protagonizaron una movilización artística y cultural. El motivo: exigir la continuidad de un proyecto que, en palabras de Aidé Mendoza, coordinadora municipal del programa, “es una ruta de atención integral a los jóvenes más vulnerables de la ciudad”.
El pasado 21 de mayo, a través de las redes sociales de Jóvenes en Paz Valledupar, se hizo pública la crisis que enfrenta el Programa Nacional Jóvenes en Paz. En su comunicado, enfatizaron: “Jóvenes en Paz no puede ser reducido a una política asistencialista, mucho menos puede ser ejecutado con la mediocridad que caracteriza la apropiación politiquera de la institucionalidad”. Asimismo, destacaron la necesidad de fortalecer el programa como una política pública nacional y señalaron que ha llegado el momento de analizar los resultados que ya está generando en los territorios.
Una movilización por el futuro
La jornada, que incluyó expresiones artísticas y pacíficas, fue liderada tanto por los profesionales como por los beneficiarios del programa. Mendoza explicó que actualmente “en Valledupar somos 1.800 jóvenes que están siendo beneficiados”, provenientes de barrios como 9 de Marzo, Pescaíto, Francisco Javier, Guasimales, La Nevada, Bello Horizonte, Torres de Lorenzo Morales y Nando Marín, así como de zonas rurales como La Guitarra, Atánquez, La Mesa y Valencia de Jesús.
“En todos esos lugares hay jóvenes beneficiados con el programa Jóvenes en Paz que hoy se movilizaron en esta marcha artística y pacífica”, resaltó Mendoza.
Una crisis nacional amenaza la continuidad
El programa, que lleva siete meses de ejecución, enfrenta una crisis nacional debido al inminente cambio de operador. “Esa Unión Temporal Territorio y Paz ya va a cerrar y ese tránsito entre un operador y otro es lo que pone en peligro la continuidad del programa”, advirtió la coordinadora. Mendoza enfatizó que la interrupción del programa afectaría directamente a los jóvenes: “Muchos ya están estudiando gracias al programa y si se detiene, se detiene inmediatamente su proceso de educación. Otros están en una ruta de empleabilidad y emprendimiento y si el programa se detiene, se detiene automáticamente su ruta”.
Asimismo, en el comunicado que circula desde el 21 de mayo, hacen un llamado al Ministerio de Igualdad para que gestione de manera inmediata la conformación de una mesa amplia nacional que permita la participación real de las periferias, y no solo de los sindicatos actuales, los cuales, según denuncian, han desconocido los procesos de movilización territorial y excluido a los jóvenes de los espacios de diálogo. Esta mesa tendría como objetivo principal garantizar la continuidad del programa y fortalecerlo como política pública.
Los jóvenes y trabajadores del programa también se comprometen a mantener la resistencia y la movilización pacífica en todos los territorios donde opera Jóvenes en Paz, destacando su historia de lucha colectiva y la importancia de organizarse para defender sus derechos laborales, que actualmente consideran vulnerados por el Ministerio de Igualdad y la Unión Temporal Territorio y Paz.
Finalmente, advierten que, de no atenderse estas peticiones, están dispuestos a convocar un paro nacional del programa para exigir el cumplimiento de sus derechos y la permanencia del proyecto que ha transformado sus vidas.
Un proyecto de vida en riesgo
Mendoza recordó que el objetivo de Jóvenes en Paz es ofrecer alternativas a la delincuencia y la falta de oportunidades. “Ellos llegan al programa para construir un proyecto de vida distinto a la delincuencia, al ocio extremo, a no tener oportunidades de vida”, afirmó. Los profesionales, según Mendoza, acompañan a los jóvenes en la construcción de ese proyecto durante los 12 meses que dura el programa, del cual aún restan seis meses de ejecución.
Si el programa se detiene, los jóvenes dejarán de recibir la transferencia monetaria condicionada y la atención integral. “Por eso nos estamos movilizando, porque no queremos que el programa se detenga, pero además nos estamos movilizando porque a nosotros como trabajadores se nos están vulnerando los derechos laborales”, denunció Mendoza.
Derechos laborales vulnerados
La situación también afecta al equipo profesional, que lleva dos meses sin recibir su salario. “Es un mensaje de decir: defendemos la reforma laboral. Pero también estamos conscientes de que estas situaciones no se pueden presentar”, subrayó la coordinadora, quien hizo un llamado al Ministerio de Igualdad para que presione al operador y garantice el pago de los salarios, así como la continuidad del acompañamiento a los jóvenes.
“No queremos que el programa se detenga ni mucho menos que se vayan a afectar sus rutas educativas, sobre todo”, concluyó Mendoza, quien reiteró la importancia de escuchar la voz de los jóvenes y de quienes trabajan por su futuro.
Por: Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
