El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, anunció que el jefe del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo, sería excluido de Justicia y Paz por no colaborar con las autoridades.

“Vamos a solicitar su exclusión porque durante los años que se le ha solicitado colaboración a la justicia no hemos contado con su colaboración. El hecho de la exclusión de Jorge 40 significa que ya no tendrá la expectativa de obtener una pena alternativa de ocho años sino que se va a exponer a las penas normales de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, que son delitos que tienen más de 40 años de prisión y además que son delitos imprescriptibles”, afirmó Montealegre.

Montealegre Lynett afirmó que el ente acusador está revisando de manera minuciosa la situación de todos los desmovilizados que tienen expectativa de libertad con la finalidad de solicitar más exclusiones para aquellos jefes de autodefensas o desmovilizados que no hayan contribuido al esclarecimiento de la verdad.

El funcionario reiteró que al igual que Jorge 40, los jefes paramilitares que se encuentran extraditados a los Estados Unidos, estos postulados que colaboren a la justicia y sean responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, deberán pagar la pena alternativa de Justicia y Paz cuando regresen a Colombia.

Respecto al tema de priorización de casos de los máximos responsables de las guerrillas y las autodefensas, el Fiscal resaltó que dicha estrategia estudiada en conjunto por la Fiscalía General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura y los Magistrados de Justicia y Paz, pretende “aunar esfuerzos para poder dictar las 16 grandes sentencias en estos casos antes del vencimiento de los términos de privación de la libertad y que implicarían libertad provisional por pena cumplida”.

El alto funcionario indicó que la Fiscalía solicitará al Gobierno Nacional que estudie la posibilidad de la creación de más magistrados de Justicia y Paz para hacer un plan de contingencia para la salida de los cerca de 400 postulados a libertad. “Estamos buscando la creación de jueces de seguimiento al cumplimiento de las personas que saldrán en libertad, porque una vez obtenida la libertad esta libertad será condicional; ellos no pueden volver a delinquir, tienen que cumplir con programas de resocialización y en caso que no cumplan con esos programas que tiene que brindar el gobierno, las autoridades judiciales y la Fiscalía solicitaría la revocatoria”.

Según las cifras expuestas por el jefe del ente acusador, en el proceso de justicia y paz resultaron registradas más de 400 mil víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Para el Fiscal General lo que aconteció en el proceso de Justicia y Paz es una muestra para no repetir como modelo de proceso de paz con la insurgencia. “Este modelo de tratar de investigar todos los hechos y todos los autores no ha producido los resultado esperados” y concluyó diciendo que con una ley estatutaria se determinará que delitos se deben investigar y centrar las investigaciones en los máximos responsables para obtener mejores resultados.