El coronel (r) Publio Hernán Mejía, excomandante del Batallón de Artillería Nº2 de La Popa, reconocido por estar ‘salpicado’ con los falsos positivos en el departamento del Cesar, por ahora no tendrá cuentas pendientes con la justicia ordinaria debido a que la JEP decidió tumbar las sentencias que tenía en su contra.  

Los magistrados de la Sección de Revisión anularon los fallos de primera y segunda instancia proferidos el 31 de mayo de 2019 y del 22 de enero del 2021, según conoció W Radio.  

La decisión respondió a que fueron acogidos cuando la justicia ordinaria ya no tenía competencia para pronunciarse sobre los procesos de Mejía, debido a que desde el 13 de noviembre de 2018 la competencia era de la JEP porque había comenzado el estudio de su solicitud de sometimiento.  

Uno de los fallos de segunda instancia tumbados fue el proferido el 14 de marzo de 2019 por el Tribunal Superior de Bogotá mediante el cual condenaron al oficial a una pena de 19 años de prisión por nexos con paramilitares y ejecuciones extrajudiciales. 

Al uniformado se le han atribuido por lo menos 18 homicidios presentados como bajas en combate cuando se desempeñó como jefe de inteligencia del Batallón La Popa, en Valledupar.    

Además, el coronel presuntamente habría conformado un grupo élite en el batallón denominado ‘Zarpazo’, mediante el cual reclutaban personas para ejecutarlas extrajudicialmente y posteriormente presentarlas como miembros de grupos armados ilegales. Este colectivo aparentemente era dirigido por los entonces mayores José Pastor Ruiz Mahecha y Heber Hernán Gómez Naranjo, encargados de la coordinación operativa.  

Entre las víctimas aparentemente estuvieron los civiles Carlos Alberto Pumarejo López y Edward Cáceres Prado, hallados sin vida el 22 de junio de 2002. Ellos fueron presentados como el resultado de la misión táctica ‘Coraza’ por intentar, supuestamente, ingresar de manera clandestina al batallón para hurtar armas.   

En consecuencia a las investigaciones, el oficial estuvo recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá hasta que en noviembre de 2017 la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá ordenó su libertad con motivo a que logró cumplir con todos los requisitos para ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).