La exfuncionaria con sede en el municipio de Aguachica habría cometiendo una falta grave a título de dolo al ingresar a un inmueble privado sin tener facultades.
La Procuraduría General de la Nación corrió pliego de cargos contra Esther Carolina Ballesteros Gómez, exinspectora de Trabajo del municipio de Aguachica por una presunta extralimitación de funciones, tras haber cometido una falta grave a título de dolo por los hechos registrados el 11 de junio de 2015, en San Alberto, Cesar. Según la denuncia, la ex funcionaria en compañía de dos miembros del sindicato de Palmeras del Cesar, habría ingresado a la vivienda de Nancy Aparicio Pineda, sin tener las facultades para hacerlo, con el propósito de tomar unas fotografías en sus propiedades. El ministerio público precisó que los hechos tuvieron lugar durante una protesta de sus empleados, cuya función fue catalogada como desbordante. La Procuraduría señala que la orden impartida a Esther Ballesteros “no incluía la facultad de ingresar a un inmueble residencial a realizar pesquisas, ni mucho menos que la funcionaria permitiera la toma de fotografías a documentos y su lugar de habitación.
La exfuncionaria con sede en el municipio de Aguachica habría cometiendo una falta grave a título de dolo al ingresar a un inmueble privado sin tener facultades.
La Procuraduría General de la Nación corrió pliego de cargos contra Esther Carolina Ballesteros Gómez, exinspectora de Trabajo del municipio de Aguachica por una presunta extralimitación de funciones, tras haber cometido una falta grave a título de dolo por los hechos registrados el 11 de junio de 2015, en San Alberto, Cesar. Según la denuncia, la ex funcionaria en compañía de dos miembros del sindicato de Palmeras del Cesar, habría ingresado a la vivienda de Nancy Aparicio Pineda, sin tener las facultades para hacerlo, con el propósito de tomar unas fotografías en sus propiedades. El ministerio público precisó que los hechos tuvieron lugar durante una protesta de sus empleados, cuya función fue catalogada como desbordante. La Procuraduría señala que la orden impartida a Esther Ballesteros “no incluía la facultad de ingresar a un inmueble residencial a realizar pesquisas, ni mucho menos que la funcionaria permitiera la toma de fotografías a documentos y su lugar de habitación.