BOGOTA (AP) —
La Corte Constitucional ordenó la salida de todo el personal de Estados Unidos de las siete bases militares colombianas, el cual ingresó a esas instalaciones en virtud de un acuerdo firmado con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en octubre del 2009.
Pero la Corte aclaró que, si ese personal militar estadounidense está en el país en otras instalaciones y por otros acuerdos anteriores al 2009, podrá permanecer.
Con el fallo, militares o contratistas estadounidenses podrían entonces simplemente cambiar de instalaciones: de las que están en el convenio del 2009 a las que están en acuerdos anteriores.
La decisión fue tomada por seis votos a favor y tres en contra de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, la máxima instancia para dirimir asuntos de la Carta Magna.
En una conferencia de prensa en la sede del tribunal, el magistrado Mauricio González, presidente de la Corte Constitucional, dijo que con la decisión, el acuerdo ahora es enviado al presidente Juan Manuel Santos para que decida si lo manda al Congreso.
El magistrado Jorge Iván Palacios, quien redactó el proyecto de fallo votado en la jornada, alegó que el convenio de cooperación con Estados Unidos era inconstitucional porque debió pasar por la aprobación del Congreso.
Santos cuenta con mayoría en las cámaras legislativas, por lo cual conseguiría la aprobación del acuerdo.
El magistrado González dijo que ni sabía ni era asunto de la Corte saber cuántos militares o contratistas civiles estadounidenses están actualmente en las siete bases.
Los efectos del fallo de la Corte son que, “aquella presencia de personal extranjero, militar por ejemplo, al amparo de los acuerdos del 2009, no pueden seguir permaneciendo (en las bases), a menos que estén previstos en desarrollo (o en consecuencia) de acuerdos anteriores a 2009, caso en el cual si pueden permanecer”, dijo González.
El gobierno del nuevo mandatario Santos, que asumió el cargo el 7 de agosto, dijo que acataba el fallo.
“El gobierno nacional estudiará detalladamente dicha decisión a la luz de las normas del derecho internacional”, dijo el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, al leer un comunicado ante reporteros en la casa de gobierno.
El gobierno “reitera la importancia fundamental de la cooperación entre Colombia y los Estados Unidos que se ha desarrollado durante décadas en asuntos de seguridad y defensa”, agregó.
Además, resaltó que la decisión de la Corte “no afecta los convenidos previamente suscritos y vigentes entre ambos gobiernos…que se seguirán cumpliendo”.
Rivera no hizo mención al número de militares o contratistas presentes en las siete bases actualmente.
La Corte tomó su decisión al analizar una demanda presentada en noviembre del 2009 por el “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo”, una organización no gubernamental que alegó que el convenio firmado en octubre del año pasado entre Colombia y Estados Unidos debió ser aprobado previamente por el Congreso.
El convenio firmado en el 2009 por Bogotá y Washington, según han dicho jefes castrenses colombianos, no elevó el número de tropas y contratistas civiles estadounidenses más allá del límite de 1.400 formado por 800 militares y 600 contratistas civiles, un tope fijado por leyes de Washington, sino que dio acceso a siete bases ya existentes y que no estaban contempladas en acuerdos anteriores de cooperación militar con Estados Unidos.
El gobierno del ahora ex presidente Álvaro Uribe, bajo cuya administración se firmó el convenio el 30 de octubre del 2009, siempre dijo que era innecesario que el acuerdo requiriera el visto bueno del legislativo, pues se trataba de la extensión y revisión de convenios ya existentes desde hace varios años y que, como esos tratados ya contaban con la aprobación de las dos cámaras, no hacía falta una nueva luz verde del Congreso.
Las instalaciones amparadas por el acuerdo del 2009 eran, entre otras, las de Palanquero, así como tres bases de la fuerza aérea y de la armada en la costa del Pacífico y en el Caribe.
Santos, que fue ministro de Defensa del 2006 a principios del 2009, siempre defendió el convenio, asegurando que buscaba “mejorar nuestra capacidad para luchar contra el narcotráfico y contra el terrorismo”.
Bogotá y Washington han dicho que el acuerdo de octubre pasado aumenta la cooperación, por ejemplo, en el área de monitoreo antidrogas.
Brasil, Venezuela y Bolivia formularon abiertas críticas al convenio, alegando que rompía el equilibrio de fuerzas en la región. Caracas ha dicho que se trata de un acuerdo que amenaza su seguridad interna.
