Luz Elena Salazar seguirá en su curul de diputada del Cesar, según se desprende de los hechos jurídicos expuestos por sus apoderados, que revelaron a la prensa local dos casos que le dan esa seguridad: el fallo de tutela que decretó la nulidad de todo lo actuado por el Juzgado que la investigó por presunto hurto calificado, proceso en el cual se le violó el debido proceso, dado que no fue notificada, conforme al fallo de tutela en referencia.
Adicionalmente, por los mismos hechos se le abrieron dos investigaciones, uno en Chimichagua por el Juzgado Promiscuo Municipal,y otro en Valledupar por la Fiscalía.
El segundo hecho es el fallo de la Fiscalía Séptima Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, divulgado ayer, pero proferido el 13 de febrero de 2001, mediante el cual se abstuvo de imponer medida de aseguramiento y precluyó la investigación por estar demostrada una causal de improseguibilidad de la acción penal a favor de la hoy diputada, y se ordenó cancelar la orden de captura.
Los hechos antes citados conforme a los abogados, le dan fundamento al principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos.
Antecedentes
La diputada fue condenada hace cerca de 11 años por la entonces Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua, Elaine Oñate Fuentes. No obstante, El Juez Civil Laboral del Circuito de Chiriguaná, Heine Arturo Armenta Mestre, mediante fallo de tutela dejó sin efecto la condena impuesta a la Diputada del Cesar por el Partido Conservador, Luz Helena Salazar López, tras ordenar la nulidad de todo lo actuado por la Juez Promiscuo Municipal de Chimichagua.
La diputada se apresta a acudir en los próximos días a la Procuraduría para rendir su versión en torno a una presunta inhabilidad tras hacerse elegir estando impedida.
Sin embargo, entendidos en la materia jurídica consideraron que lo de la Procuraduría no prosperará porque al decretarse la nulidad de lo actuado en la investigación penal, ésta no fue inhabilitada, como lo demuestran los hechos de que posterior a la investigación por la que habría sido condenada, ocupó cargos en la Cámara de Representantes y en la Gobernación de Cesar, para cuyas posesiones debió adjuntar los certificados de antecedentes disciplinarios, fiscal y pasado judicial.
