El Tribunal Superior Judicial de Bogotá dictó medida de aseguramiento con detención domiciliaria para el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, por las presuntas irregularidades en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, cuando se desempeñó por primera vez en el cargo.  

De no prosperar la reposición de la defensa, Monsalvo deberá apartarse nuevamente de las riendas del departamento debido a que no podría desempeñar funciones públicas, lo que implicaría que el Cesar esté a cargo de un gobernador encargado, tal como sucedió en el mes de julio del año pasado cuando Monsalvo fue condenado en primera instancia por el delito de corrupción al sufragante. 

En ese momento, el escogido fue Wilson Solano, exsecretario de Agricultura, quien luego de varios meses entregó el cargo nuevamente a Monsalvo tras ser absuelto de la condena en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia. 

En este caso, la defensa buscará revocar o sustituir la medida de aseguramiento impuesta, de no prosperar el recurso de reposición que solicitó en la audiencia, el cual será resuelto la tarde del próximo lunes.  

Entre tanto, en su decisión, el magistrado consideró que, de acuerdo a los parámetros exigidos para imponer la medida de aseguramiento, el gobernador no representa un peligro para obstruir a la justicia o de no comparecer en el pleito, pero sí de reincidencia por encontrarse en la posición de ser el ordenador del gasto público en el departamento. 

“La gravedad en concreto, más allá de que esté implicado en los delitos atribuidos, se desprende de la naturaleza del programa estatal PAE. Nótese que los hechos imputados son de la primera administración y actualmente ocupa por segunda vez la Gobernación del Cesar, investidura que ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2023, una circunstancia indicativa de que en esa condición como ordenador del gasto continuará contratando, poniéndose en el nivel de inferencia probable de reincidencia”, consideró el togado. 

El mandatario tiene en su contra siete investigaciones en curso relacionadas con la contratación. En esta oportunidad, Monsalvo fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Según la Fiscalía, en el contrato celebrado entre el departamento de Cesar y el Consorcio Alimentación Escolar A Salvo, por un valor que superó los 17.140 millones de pesos, se encontraron por lo menos nueve inconsistencias. Por ejemplo, el hígado, en el contrato, fue pagado a $65.460 pesos cada kilógramo. 

Otras inconsistencias fueron la falta de estudios previos, prepliegos amañados y deficientes, y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación, evaluación y liquidación, generando un detrimento que asciende a $3.172.808.072.

Así las cosas, el mandatario y la defensa están a la espera del pronunciamiento del magistrado el próximo lunes, puesto que de no cambiar su determinación el gobernador será apartado del cargo.