Los líderes de las invasiones Bello Horizonte II, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta se reunieron con la gobernadora Elvia Milena Sanjuán con el propósito de que sea mediadora en el proceso.
En la búsqueda de acuerdos que permitan la legalización de las invasiones Bello Horizonte II, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta, los líderes de estos territorios se reunieron con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán con el propósito de solicitarle que sea la mediadora en el proceso de legalización de estos asentamientos humanos ubicados en el predio que lleva por nombre Sabana 1.
De acuerdo con Consuelo Blanco, líder de la invasión Brisas de La Popa, los más de 30.000 habitantes de las cuatro invasiones están solicitando la instalación de unas mesas de trabajo o espacios de diálogo en el que estén presentes los propietarios del predio Sabana 1, ellos como habitantes y la mediación de la Gobernación del Cesar o la Alcaldía de Valledupar.
“Nosotros lo que buscamos es establecer un acuerdo para terminar de una vez por todas con este tema del desalojo que desde hace más de 13 años lo estamos viviendo. Eso le expresamos a la gobernadora y se lo reiteramos a los propietarios. Estamos dispuestos si es necesario de aportar un recurso para que se materialice la legalización porque estamos cansados de que nos maltraten y nos señalen como si fuéramos delincuentes solo por el hecho de haber ocupado estas tierras por no tener donde vivir”, argumentó Blanco.
Lea también https://elpilon.com.co/habitantes-de-sabana-1-haran-velaton-ante-posible-desalojo-de-miles-de-familias/
Así mismo, Heriberto Arias, habitante de este sector, manifestó que la población está dispuesta a mediar y hacer todo lo requerido para que el proceso de legalización sea una realidad. Acotando así que no están “aceptando avivatos vestidos de abogados que vengan a engañar y a incitar a la violencia”.
“El 99 % de las familias que viven aquí son personas de bien. Nos tienen en una estigmatización de que si vivimos aquí somos personas malas y no es así. Yo soy un padre de familia que se levanta a las cinco de la mañana a agarrar la moto y salir a trabajar para sostener a mi familia. Nosotros queremos que los entes gubernamentales nos den el apoyo que siempre les hemos dado a ellos. Vivimos en una zozobra en torno al desalojo que nos ha afectado mucho psicológicamente”, comentó Arias.
Ante la fecha inminente de desalojo estipulada para el próximo 30 de octubre, las comunidades que residen en las cuatro invasiones se han unido en una sola voz que grita “legalización”. En ese sentido, Carlos Badillo, líder de Los Guasimales, manifestó que en dicho asentamiento viven niños, niñas, adultos mayores y personas en condición de discapacidad que serán vulnerados si se realiza el desalojo.
“Todos vivimos la misma agonía de que en cualquier momento podrían desalojarnos. Nosotros hicimos un censo en el 2022 que arrojó que aquí vivían 900 familias, ese número obviamente ha aumentado y por eso estamos luchando porque de manera pacífica y en concertación hagamos unas mesas de trabajo que den como resultado un acuerdo favorable para los propietarios y nosotros. No tenemos más opción que luchar por esta tierra”, dijo Badillo.
Así mismo, Adis Hernández, madre de cinco hijos y abuela, comentó que aunque hay casas edificadas en Los Guasimales, eso no significa que ellos tengan recursos para comprar una casa o pagar un arriendo. “Con mucho esfuerzo mi esposo que es albañil pudo construir nuestra casa con el material que le iba quedando de su trabajo. Hicimos nuestro hogar aquí y por eso pedimos a la comunidad vallenata y a los mandatarios que se pongan la mano en el corazón y no nos dejen sin hogar”, expresó Hernández.
A pesar de la preocupación que tienen estas familias, el sentido de cordialidad y camaradería permanece intacto bajo la premisa de demostrar que son más “que invasores de bajos recursos”. Así lo dio a conocer Fredy Martínez, quien aseguró que en Bello Horizonte II viven 700 familias honestas y trabajadoras que ante la necesidad de un hogar se vieron en la situación de invadir el predio, pero siempre con “con miras a la legalidad”.
“Nosotros estamos avanzando en el proceso de la legalización. Ya lo concertamos con la Defensoría del Pueblo, hemos hablado con la gobernadora y estamos a la espera de hablar con el alcalde Ernesto Orozco. Muy posiblemente llegaremos a Presidencia o al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para exponer nuestra situación”, explicó Martínez.
Cada nombre de las invasiones que se encuentran distribuidas en el predio que lleva por nombre Sabana 1, de propiedad de Alberto Pimienta Cotes, tiene un significado característico. En el caso de Altos de Pimienta, la relación con el nombre del propietario es muy estrecha y según Sonia Ordoñez hace alusión al respeto que se le tiene a la familia del propietario.
“Nosotros no somos enemigos de la familia Pimienta. Entendemos que este predio es de su propiedad y por eso queremos llegar a un acuerdo. Somos muchas familias las que hemos construido una vida aquí y por eso pedimos que tanto propietarios como nosotros los pobladores tengamos un espacio de diálogo bajo el respeto”, aseveró Ordoñez.
De acuerdo con Sandra Bautista, gestora social de Altos de Pimienta, presuntamente los abogados a cargo del proceso de desalojo los citaron para una reunión este 31 de julio a las 5 p. m., en el Polideportivo del barrio Divino Niño, a la cual no asistieron.
“Ellos quieren ahora reunirse con nosotros y hacernos firmar un poder y que para pelear por nosotros. Nosotros ya expusimos nuestra situación a las entidades gubernamentales para que sean ellos los que traten con los abogados, no nosotros. Por eso le hemos dicho a la comunidad que no asista a esa reunión porque ya llevamos un proceso transparente y claro para llegar a un acuerdo”, dijo Loaiza.
Así mismo, Consuelo Blanco, líder de Brisas de La Popa, manifestó que desconfían de dicha reunión que lo que busca presuntamente es engañar a los habitantes de Sabana 1 con la firma de un poder que puede perjudicar el proceso que están llevando a cabo.
Esta misma postura la comparten los líderes de Los Guasimales y Bello Horizonte II, quiénes han difundido su mensaje de rechazo a la reunión con el propósito de salvaguardar la independencia de la comunidad en los acuerdos. Lo anterior para que estos “sean realizados en presencia de un mediador que garantice los derechos de los habitantes de Sabana 1”.
Por tal motivo, con pancartas y haciendo cacerolazos, un grupo de habitantes de dicho predio llegaron hasta la reunión en el Polideportivo del barrio Divino Niño gritando al unísono “No los queremos, váyanse, fuera”, según vídeos compartidos por la comunidad.
En ese orden de ideas, algunos asistentes manifestaron que en dicho encuentro se dialogó sobre una reunión en la Defensoría del Pueblo que se llevaría a cabo el próximo viernes.
Namieh Baute Barrios
Los líderes de las invasiones Bello Horizonte II, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta se reunieron con la gobernadora Elvia Milena Sanjuán con el propósito de que sea mediadora en el proceso.
En la búsqueda de acuerdos que permitan la legalización de las invasiones Bello Horizonte II, Brisas de La Popa, Los Guasimales y Altos de Pimienta, los líderes de estos territorios se reunieron con la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán con el propósito de solicitarle que sea la mediadora en el proceso de legalización de estos asentamientos humanos ubicados en el predio que lleva por nombre Sabana 1.
De acuerdo con Consuelo Blanco, líder de la invasión Brisas de La Popa, los más de 30.000 habitantes de las cuatro invasiones están solicitando la instalación de unas mesas de trabajo o espacios de diálogo en el que estén presentes los propietarios del predio Sabana 1, ellos como habitantes y la mediación de la Gobernación del Cesar o la Alcaldía de Valledupar.
“Nosotros lo que buscamos es establecer un acuerdo para terminar de una vez por todas con este tema del desalojo que desde hace más de 13 años lo estamos viviendo. Eso le expresamos a la gobernadora y se lo reiteramos a los propietarios. Estamos dispuestos si es necesario de aportar un recurso para que se materialice la legalización porque estamos cansados de que nos maltraten y nos señalen como si fuéramos delincuentes solo por el hecho de haber ocupado estas tierras por no tener donde vivir”, argumentó Blanco.
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Así mismo, Heriberto Arias, habitante de este sector, manifestó que la población está dispuesta a mediar y hacer todo lo requerido para que el proceso de legalización sea una realidad. Acotando así que no están “aceptando avivatos vestidos de abogados que vengan a engañar y a incitar a la violencia”.
“El 99 % de las familias que viven aquí son personas de bien. Nos tienen en una estigmatización de que si vivimos aquí somos personas malas y no es así. Yo soy un padre de familia que se levanta a las cinco de la mañana a agarrar la moto y salir a trabajar para sostener a mi familia. Nosotros queremos que los entes gubernamentales nos den el apoyo que siempre les hemos dado a ellos. Vivimos en una zozobra en torno al desalojo que nos ha afectado mucho psicológicamente”, comentó Arias.
Ante la fecha inminente de desalojo estipulada para el próximo 30 de octubre, las comunidades que residen en las cuatro invasiones se han unido en una sola voz que grita “legalización”. En ese sentido, Carlos Badillo, líder de Los Guasimales, manifestó que en dicho asentamiento viven niños, niñas, adultos mayores y personas en condición de discapacidad que serán vulnerados si se realiza el desalojo.
“Todos vivimos la misma agonía de que en cualquier momento podrían desalojarnos. Nosotros hicimos un censo en el 2022 que arrojó que aquí vivían 900 familias, ese número obviamente ha aumentado y por eso estamos luchando porque de manera pacífica y en concertación hagamos unas mesas de trabajo que den como resultado un acuerdo favorable para los propietarios y nosotros. No tenemos más opción que luchar por esta tierra”, dijo Badillo.
Así mismo, Adis Hernández, madre de cinco hijos y abuela, comentó que aunque hay casas edificadas en Los Guasimales, eso no significa que ellos tengan recursos para comprar una casa o pagar un arriendo. “Con mucho esfuerzo mi esposo que es albañil pudo construir nuestra casa con el material que le iba quedando de su trabajo. Hicimos nuestro hogar aquí y por eso pedimos a la comunidad vallenata y a los mandatarios que se pongan la mano en el corazón y no nos dejen sin hogar”, expresó Hernández.
A pesar de la preocupación que tienen estas familias, el sentido de cordialidad y camaradería permanece intacto bajo la premisa de demostrar que son más “que invasores de bajos recursos”. Así lo dio a conocer Fredy Martínez, quien aseguró que en Bello Horizonte II viven 700 familias honestas y trabajadoras que ante la necesidad de un hogar se vieron en la situación de invadir el predio, pero siempre con “con miras a la legalidad”.
“Nosotros estamos avanzando en el proceso de la legalización. Ya lo concertamos con la Defensoría del Pueblo, hemos hablado con la gobernadora y estamos a la espera de hablar con el alcalde Ernesto Orozco. Muy posiblemente llegaremos a Presidencia o al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para exponer nuestra situación”, explicó Martínez.
Cada nombre de las invasiones que se encuentran distribuidas en el predio que lleva por nombre Sabana 1, de propiedad de Alberto Pimienta Cotes, tiene un significado característico. En el caso de Altos de Pimienta, la relación con el nombre del propietario es muy estrecha y según Sonia Ordoñez hace alusión al respeto que se le tiene a la familia del propietario.
“Nosotros no somos enemigos de la familia Pimienta. Entendemos que este predio es de su propiedad y por eso queremos llegar a un acuerdo. Somos muchas familias las que hemos construido una vida aquí y por eso pedimos que tanto propietarios como nosotros los pobladores tengamos un espacio de diálogo bajo el respeto”, aseveró Ordoñez.
De acuerdo con Sandra Bautista, gestora social de Altos de Pimienta, presuntamente los abogados a cargo del proceso de desalojo los citaron para una reunión este 31 de julio a las 5 p. m., en el Polideportivo del barrio Divino Niño, a la cual no asistieron.
“Ellos quieren ahora reunirse con nosotros y hacernos firmar un poder y que para pelear por nosotros. Nosotros ya expusimos nuestra situación a las entidades gubernamentales para que sean ellos los que traten con los abogados, no nosotros. Por eso le hemos dicho a la comunidad que no asista a esa reunión porque ya llevamos un proceso transparente y claro para llegar a un acuerdo”, dijo Loaiza.
Así mismo, Consuelo Blanco, líder de Brisas de La Popa, manifestó que desconfían de dicha reunión que lo que busca presuntamente es engañar a los habitantes de Sabana 1 con la firma de un poder que puede perjudicar el proceso que están llevando a cabo.
Esta misma postura la comparten los líderes de Los Guasimales y Bello Horizonte II, quiénes han difundido su mensaje de rechazo a la reunión con el propósito de salvaguardar la independencia de la comunidad en los acuerdos. Lo anterior para que estos “sean realizados en presencia de un mediador que garantice los derechos de los habitantes de Sabana 1”.
Por tal motivo, con pancartas y haciendo cacerolazos, un grupo de habitantes de dicho predio llegaron hasta la reunión en el Polideportivo del barrio Divino Niño gritando al unísono “No los queremos, váyanse, fuera”, según vídeos compartidos por la comunidad.
En ese orden de ideas, algunos asistentes manifestaron que en dicho encuentro se dialogó sobre una reunión en la Defensoría del Pueblo que se llevaría a cabo el próximo viernes.
Namieh Baute Barrios