COLOMBIA

Gobernadora del Cesar se suma a reclamo nacional contra decisiones del Gobierno Petro

El documento concluye con una llamada a la “respuesta positiva frente a las solicitudes hechas” para evitar que las regiones deban recurrir a la justicia en el cumplimiento de sus obligaciones, que afecta “el beneficio de nuestras gentes en las regiones”.

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En una voz unánime, la Federación Nacional de Departamentos de Colombia expresó su profundo inconformismo frente a varias decisiones del Gobierno Nacional que, según advirtieron, “ponen en riesgo la inversión social” y vulneran la autonomía territorial. Entre los gobernadores que apoyaron la carta enviada al Gobierno nacional,  está Elvia Milena Sanjuán, mandataria del Cesar. 

Sanjuán se sumó a las peticiones en las que además denuncian que el Gobierno “no puede seguir gobernando y legislando a través de actos administrativos que desconocen la ley y los planes departamentales de desarrollo”. El comunicado resalta cuatro puntos críticos que afectan directamente la gestión departamental y la inversión regional. 

Cuatro grandes peticiones

En primer lugar, exigen dejar sin efectos el concepto emitido por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) que bloquea la ejecución de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías. Según ellos, este concepto “impide que en el presupuesto de los proyectos de inversión se contemplen gastos de legalización y costos por estampillas u otros tributos”, afectado la viabilidad financiera y contradiciendo las ‘Guías de proyectos tipo’ del DNP.

Segundo, solicitan la suspensión inmediata del Artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud, por presuntamente “amenazar la estabilidad laboral de profesionales de la salud pública” e ir en contravía de la formalización laboral del talento humano del sector, lo que pondría en riesgo la “atención, promoción y prevención en salud”.


En el tercer punto exhortan al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reforma el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), recordando que “una vez sancionadas y promulgadas las leyes se deben acatar” para garantizar “eficacia y eficiencia en la gestión y administración de los recursos” y transparencia para que las regiones puedan cubrir su pasivo pensional.

Por último, requirieron que se garantice el cumplimiento constitucional con nombramientos en propiedad de los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos nacionales en los departamentos, tales como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Insituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto Nacional de Vías, Invías, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA.

Por Redacción EL PILÓN.

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