El recurso de reposición interpuesto por la defensa del gobernador del Cesar no surgió efectos porque el Tribunal consideró que el mandatario puede volver a reincidir en lo que se le acusa por ser actualmente el ordenador del gasto en el departamento.
La ratificación de la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria dictada por el Tribunal Superior Judicial de Bogotá en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, dejó a la Gobernación de este departamento acéfala porque hasta la fecha no se conoce quién será el funcionario asignado para desempeñarse como mandatario encargado en la entidad territorial.
Son múltiples los rumores en torno a quién dirigirá el departamento durante las próximas semanas debido a que Monsalvo por la naturaleza de la medida que le fue impuesta está incapacitado para ejercer las funciones administrativas de su cargo, como también de abandonar su residencia por algún compromiso político.
De acuerdo con juristas consultados por EL PILÓN, el funcionario que estaría al frente de la Gobernación del Cesar podría ser designado de manera transitoria por Monsalvo y luego el presidente de la República, Iván Duque, escogerá uno de la terna que envíe el partido político al que pertenece el mandatario departamental.
El tiempo que esté dicho funcionario en el cargo dependerá del proceso. En ese orden de ideas, uno de los abogados, que prefirió omitir su nombre, aseveró que el proceso penal en contra de Monsalvo tardaría de 2 a 3 años en determinar si es absuelto o condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por presuntas irregularidades en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, del 2015.
Después de la audiencia realizada el pasado lunes en la que se determinó la continuidad de la medida anteriormente mencionada, el mandatario departamental entrará a una etapa de juzgamiento en la que la Fiscalía presentará un escrito acusatorio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Lea también: Confirman detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar
Posteriormente se realizarán las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y el juicio oral en donde se determinará el destino jurídico de Monsalvo. En caso de que lo condenen el líder político podría apelar la decisión ante la Sala de Casación Penal compuesta por nueve magistrados.
El diario EL PILÓN conoció que desde la Gobernación del Cesar no tienen hasta la fecha conocimiento del funcionario que ejercería como gobernador encargado del departamento mientras se surte dicho proceso. En ese sentido, esperan que sea directamente el presidente de la República, Iván Duque, quien designe la persona que ocuparía el puesto.
De acuerdo con los juristas, el abogado Iván Cancino, representante legal de Monsalvo, podría presentar una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento para que el mandatario departamental no continúe bajo detención domiciliaria. En ese orden de ideas, los expertos aseveraron que dicha figura tiene una serie de exigencias y un momento procesal para presentarse.
Por tal motivo, la defensa puede interponerla cuando crea que pueda prosperar y tenga las pruebas suficientes para desvirtuar la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria que le impusieron al gobernador del Cesar.
No deje de leer: En San Diego ofrecen recompensa para capturar a ‘chismosos’ y calumniadores
“La solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento no es una figura fácil, es muy compleja, pero es posible que prospere si la defensa cumple con los requisitos de ella”, puntualizó uno de los juristas consultados.
Según los expertos, como en todo proceso penal habrá afectaciones colaterales en torno a este. En ese sentido, la actual situación jurídica de Monsalvo producirá “traumatismo en la administración departamental porque se verán perjudicados los ítems a cumplir en el Plan de Gobierno Departamental”. Esto se presentaría porque la persona encargada deberá ser orientada en todos los procesos contractuales que estaba dirigiendo Monsalvo y eso requiere además de tiempo adaptación.
Algunos de estos son la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, el proyecto de la Célula de Desarrollo Agrícola, Agricel, entre otras iniciativas que han iniciado este año en diferentes municipios del departamento. De acuerdo con los juristas, por ser un proceso penal extenso al que se enfrentará el líder político es incierto cómo se llevarán a cabo dichos proyectos en lo que queda en su periodo de gobierno.
Un ejemplo que evidencia los estragos administrativos y territoriales que causan las gobernaciones encargadas es la situación actual del departamento de La Guajira, en donde más de 10 gobernadores encargados en los últimos nueve años han estado al frente del Palacio de la Marina. Sí bien el departamento vecino tiene una ingobernabilidad asentada desde hace varios años, también inició con una gobernación encargada que no ha permitido que sus gobernantes finalicen el periodo reglamentario de cuatro años por ser acusados de presuntas irregularidades contractuales y corrupción.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb
El recurso de reposición interpuesto por la defensa del gobernador del Cesar no surgió efectos porque el Tribunal consideró que el mandatario puede volver a reincidir en lo que se le acusa por ser actualmente el ordenador del gasto en el departamento.
La ratificación de la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria dictada por el Tribunal Superior Judicial de Bogotá en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, dejó a la Gobernación de este departamento acéfala porque hasta la fecha no se conoce quién será el funcionario asignado para desempeñarse como mandatario encargado en la entidad territorial.
Son múltiples los rumores en torno a quién dirigirá el departamento durante las próximas semanas debido a que Monsalvo por la naturaleza de la medida que le fue impuesta está incapacitado para ejercer las funciones administrativas de su cargo, como también de abandonar su residencia por algún compromiso político.
De acuerdo con juristas consultados por EL PILÓN, el funcionario que estaría al frente de la Gobernación del Cesar podría ser designado de manera transitoria por Monsalvo y luego el presidente de la República, Iván Duque, escogerá uno de la terna que envíe el partido político al que pertenece el mandatario departamental.
El tiempo que esté dicho funcionario en el cargo dependerá del proceso. En ese orden de ideas, uno de los abogados, que prefirió omitir su nombre, aseveró que el proceso penal en contra de Monsalvo tardaría de 2 a 3 años en determinar si es absuelto o condenado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado por presuntas irregularidades en un contrato para el Programa de Alimentación Escolar, PAE, del 2015.
Después de la audiencia realizada el pasado lunes en la que se determinó la continuidad de la medida anteriormente mencionada, el mandatario departamental entrará a una etapa de juzgamiento en la que la Fiscalía presentará un escrito acusatorio ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
Lea también: Confirman detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar
Posteriormente se realizarán las audiencias de formulación de acusación, preparatoria y el juicio oral en donde se determinará el destino jurídico de Monsalvo. En caso de que lo condenen el líder político podría apelar la decisión ante la Sala de Casación Penal compuesta por nueve magistrados.
El diario EL PILÓN conoció que desde la Gobernación del Cesar no tienen hasta la fecha conocimiento del funcionario que ejercería como gobernador encargado del departamento mientras se surte dicho proceso. En ese sentido, esperan que sea directamente el presidente de la República, Iván Duque, quien designe la persona que ocuparía el puesto.
De acuerdo con los juristas, el abogado Iván Cancino, representante legal de Monsalvo, podría presentar una solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento para que el mandatario departamental no continúe bajo detención domiciliaria. En ese orden de ideas, los expertos aseveraron que dicha figura tiene una serie de exigencias y un momento procesal para presentarse.
Por tal motivo, la defensa puede interponerla cuando crea que pueda prosperar y tenga las pruebas suficientes para desvirtuar la medida de aseguramiento de detención preventiva domiciliaria que le impusieron al gobernador del Cesar.
No deje de leer: En San Diego ofrecen recompensa para capturar a ‘chismosos’ y calumniadores
“La solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento no es una figura fácil, es muy compleja, pero es posible que prospere si la defensa cumple con los requisitos de ella”, puntualizó uno de los juristas consultados.
Según los expertos, como en todo proceso penal habrá afectaciones colaterales en torno a este. En ese sentido, la actual situación jurídica de Monsalvo producirá “traumatismo en la administración departamental porque se verán perjudicados los ítems a cumplir en el Plan de Gobierno Departamental”. Esto se presentaría porque la persona encargada deberá ser orientada en todos los procesos contractuales que estaba dirigiendo Monsalvo y eso requiere además de tiempo adaptación.
Algunos de estos son la construcción del Centro Cultural de la Música Vallenata, el proyecto de la Célula de Desarrollo Agrícola, Agricel, entre otras iniciativas que han iniciado este año en diferentes municipios del departamento. De acuerdo con los juristas, por ser un proceso penal extenso al que se enfrentará el líder político es incierto cómo se llevarán a cabo dichos proyectos en lo que queda en su periodo de gobierno.
Un ejemplo que evidencia los estragos administrativos y territoriales que causan las gobernaciones encargadas es la situación actual del departamento de La Guajira, en donde más de 10 gobernadores encargados en los últimos nueve años han estado al frente del Palacio de la Marina. Sí bien el departamento vecino tiene una ingobernabilidad asentada desde hace varios años, también inició con una gobernación encargada que no ha permitido que sus gobernantes finalicen el periodo reglamentario de cuatro años por ser acusados de presuntas irregularidades contractuales y corrupción.
Por: Namieh Baute Barrios / EL PILÓN
@namiibb