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Política - 23 agosto, 2021

Confirman detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar

La determinación respondió a un recurso de reposición que había interpuesto el abogado defensor Iván Cancino.

Luis Alberto Monsalvo deberá apartarse del cargo.
Luis Alberto Monsalvo deberá apartarse del cargo.
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En el marco de la continuación de las audiencias preliminares en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el magistrado del Tribunal Superior Judicial de Bogotá se mantuvo en su decisión de cobijar con medida de aseguramiento al mandatario dentro de la investigación que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

La determinación respondió a un recurso de reposición que había interpuesto el abogado defensor Iván Cancino en la audiencia celebrada el pasado 18 de agosto.

En la audiencia, el magistrado consideró que era necesaria la medida de aseguramiento porque el mandatario actualmente es el ordenador del gasto en el departamento, corriéndose el riesgo de una posible reincidencia frente a los señalamientos de la Fiscalía, que lo acusó de beneficiar, en su primer mandato, a un contratista del PAE.

“Nótese que los hechos imputados son de la primera administración y actualmente ocupa por segunda vez la Gobernación del Cesar, investidura que ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2023, una circunstancia indicativa de que en esa condición como ordenador del gasto continuará contratando, poniéndose en el nivel de inferencia probable de reincidencia”, consideró en ese entonces el magistrado.

El consorcio involucrado es Alimentación Escolar A Salvo, con el que la Gobernación firmó un contrato por $17.140 millones de pesos y en el que presuntamente se registraron nueve irregularidades.

Para la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema fue evidente que el contrato había sido amañado, puesto que el mandatario supuestamente violó los parámetros de la contratación establecidos en las leyes.

Contrario, la defensa ha sido enfática en afirmar que el mandatario actuó ajustado a la ley. Así las cosas, el mandatario deberá estar alejado del cargo mientras su defensa intenta tumbar la medida impuesta en el proceso en que fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.

Política
23 agosto, 2021

Confirman detención domiciliaria contra el gobernador del Cesar

La determinación respondió a un recurso de reposición que había interpuesto el abogado defensor Iván Cancino.


Luis Alberto Monsalvo deberá apartarse del cargo.
Luis Alberto Monsalvo deberá apartarse del cargo.
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En el marco de la continuación de las audiencias preliminares en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el magistrado del Tribunal Superior Judicial de Bogotá se mantuvo en su decisión de cobijar con medida de aseguramiento al mandatario dentro de la investigación que se adelanta en su contra por las presuntas irregularidades en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

La determinación respondió a un recurso de reposición que había interpuesto el abogado defensor Iván Cancino en la audiencia celebrada el pasado 18 de agosto.

En la audiencia, el magistrado consideró que era necesaria la medida de aseguramiento porque el mandatario actualmente es el ordenador del gasto en el departamento, corriéndose el riesgo de una posible reincidencia frente a los señalamientos de la Fiscalía, que lo acusó de beneficiar, en su primer mandato, a un contratista del PAE.

“Nótese que los hechos imputados son de la primera administración y actualmente ocupa por segunda vez la Gobernación del Cesar, investidura que ejercerá hasta el 31 de diciembre de 2023, una circunstancia indicativa de que en esa condición como ordenador del gasto continuará contratando, poniéndose en el nivel de inferencia probable de reincidencia”, consideró en ese entonces el magistrado.

El consorcio involucrado es Alimentación Escolar A Salvo, con el que la Gobernación firmó un contrato por $17.140 millones de pesos y en el que presuntamente se registraron nueve irregularidades.

Para la Fiscalía 11 delegada ante la Corte Suprema fue evidente que el contrato había sido amañado, puesto que el mandatario supuestamente violó los parámetros de la contratación establecidos en las leyes.

Contrario, la defensa ha sido enfática en afirmar que el mandatario actuó ajustado a la ley. Así las cosas, el mandatario deberá estar alejado del cargo mientras su defensa intenta tumbar la medida impuesta en el proceso en que fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.