Irregulares administraciones financieras y un gasto mayor al recaudo condicionaron al Municipio en el 2014 a suscribirse a la Ley 550 para reestructurar la deuda y blindarse ante nuevos procesos de embargo.
Entre lo que debía a los trabajadores y pensionados ($5.784 millones), entidades públicas y financieras ($122.721 millones), más otros acreedores y las contingencias, Valledupar tenía una deuda impagable de $211.771 millones. El Municipio andaba de embargo en embargo.
Al reestructurar la deuda se establecieron compromisos de pagos. La primera deuda por pagar era a los trabajadores y pensionados. La más pequeña de la tabla. El compromiso inicial era cancelarlo de 2014 a 2017. Según los datos del último informe, hecho en junio, se había cancelado el 85 % de la deuda ($4.323 millones).
