Tras las denuncias conocidas por los daños prematuros que presenta la vía Aguas Blancas – Codazzi, el diputado Jesús Suárez anunció un debate de control político para exigir respuestas a la Gobernación del Cesar sobre una obra que representó una inversión de 107.000 millones de pesos para el departamento.
La preocupación principal radica en el daño acelerado de un proyecto que fue recibido hace poco tiempo, el 7 de marzo de 2023. Suárez señaló que desde la Asamblea han planteado varios interrogantes sin encontrar una respuesta que explique el motivo de este deterioro prematuro en una obra considerada como una de las de mayor asignación presupuestal en el Cesar.
Una vía costosa
La historia de esta intervención vial comenzó en el año 2019, cuando se firmó el contrato. La ejecución de los trabajos arrancó en febrero de 2020 con un valor inicial de 73.000 millones de pesos. El cronograma establecía que la carretera debía entregarse el 12 de abril de 2021. Sin embargo, el proceso enfrentó múltiples cambios en el camino.
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El diputado detalló que desde el inicio del proceso licitatorio surgieron controversias. A lo largo del proyecto se aprobaron ocho prórrogas que extendieron el tiempo de ejecución por más de 20 meses y 15 días. Además, se autorizó una adición presupuestal de 34.000 millones de pesos, por parte del gobernador Luis Alberto Monsalvo, alcanzando así el costo total que hoy genera cuestionamientos.
¿Cómo está el contrato?
Otro de los puntos que centrará el debate es el estado administrativo del contrato. Según la información expuesta por Suárez, el acta firmada en 2023 fue de recibo y no de liquidación. En ese documento quedó registrada una ejecución financiera del 98 por ciento, dejando un saldo por pagar a la firma constructora de 1.800 millones de pesos.
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Frente a este panorama, donde una obra reciente evidencia daños en su estructura, se busca que el contratista y las entidades encargadas rindan cuentas. En esa acta de recibo, y no de liquidación, porque al parecer no ha sido liquidado, se hablaba de una ejecución financiera del 98%, y un saldo por pagar a la constructora, por un valor de $1.800 millones que se debían cancelar. “Es probable que ese recurso se haya pegado, y no entendemos cómo una obra nueva tiene daños. Tenemos que pedirle explicaciones”, señaló el diputado Jesús Suárez.
