La Corte Constitucional le ordenó al Gobierno un informe detallado sobre los hechos que rodearon la muerte de la defensora de derechos humanos, Ana Angélica Bello Agudelo, en hechos registrados el pasado 16 de febrero en el municipio de Codazzi, Cesar.
Para el alto tribunal no es suficiente el informe preliminar que entregaron las autoridades sobre el posible suicidio de la defensora y solicitó a la Unidad Administrativa de Atención y Reparación de Víctimas, y a la Unidad Nacional de Protección información sobre las gestiones que adelantaron a favor de Bello Agudelo.
Según se conoció, días antes de su muerte la defensora de Derechos Humanos había hecho solicitudes de reubicación, por lo que no descartan que se haya tratado de un asesinato.
