En una tertulia con colegas de la universidad surgió, como suele ocurrir, un tema que divide y genera tensiones incluso entre personas que comparten buenos propósitos: la política de género aplicada a menores de edad. El asunto reviste complejidad, pues trata de niños y adolescentes, de escuelas, de consultas médicas y de decisiones que pueden marcar una vida entera. Y, sobre todo, trata de la responsabilidad que tenemos los adultos cuando intervenimos en la vida de quien todavía no puede decidir con plena autonomía.
Quiero dejar claro desde el principio que este no es un texto de confrontación ni de descalificación. Nuestra prioridad no puede ser imponer una visión particular del género, porque cuando intentamos hacerlo, con frecuencia terminamos causando más daño del que pretendemos evitar. El respeto a la autonomía y al libre desarrollo de la personalidad son pilares fundamentales de nuestros acuerdos sociales con la infancia y la adolescencia. Estamos obligados a cuidarlas y protegerlas. Mientras tanto, los adultos no tenemos derecho a decidir por ellos de manera irreversible, y mucho menos a colocar nuestra postura por encima del criterio de los padres ni a interferir en sus crianzas.
La infancia y la adolescencia son etapas de cambio profundo. El cuerpo se transforma, la mente se reorganiza, las emociones oscilan con fuerza. Nosotros mismos recordamos la confusión, las inseguridades, la necesidad de pertenecer a un grupo, la tendencia a exagerar el propio malestar o a buscar identidades que ofrecieran una explicación simple a un malestar complejo. En ese contexto, presentar la “identidad de género” como una verdad interior que debe ser afirmada de inmediato, sin espacio para la duda ni para el paso del tiempo, puede resultar una respuesta demasiado rápida y segura de sí misma.
