Una buena normativa urbanística debe ordenar el territorio, proteger el interés colectivo y ofrecer seguridad jurídica a quienes construyen y desarrollan la ciudad. Pero cuando las normas dejan de cumplir esos propósitos, se contradicen entre sí, resultan inaplicables o generan cargas desproporcionadas, terminan produciendo el efecto contrario: frenan el desarrollo urbano, generan incertidumbre y afectan tanto a los particulares como al propio municipio.
Eso es, precisamente, lo que considero que está ocurriendo en Valledupar.
El Plan de Ordenamiento Territorial ha mantenido durante años disposiciones que requieren una revisión profunda. Y aunque el Concejo Municipal aprobó en 2024 una Modificación Excepcional mediante el Acuerdo 014, persisten normas y situaciones que continúan dificultando la gestión urbanística y dejando al municipio rezagado frente a otros municipios.
No se trata de defender la construcción sin reglas. Todo lo contrario. Se trata de exigir que las reglas sean claras, coherentes, aplicables y jurídicamente sostenibles.
Hay, por lo menos, seis situaciones que merecen especial atención.
