Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó el saqueo como crimen de guerra en el Caribe colombiano. En el auto del subcaso Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, la Sala de Reconocimiento documentó 16 hechos en los que las Farc-EP se apropiaron de bienes esenciales para la subsistencia de pueblos wiwa, kankuamo, arhuaco, wayuu, kogui y comunidades negras: ganado, cultivos, fincas completas e incluso licores de tiendas comunitarias.
Según el documento, guerrilleros del Bloque Caribe entraban a casas y parcelas para llevarse vacas, cerdos, gallinas, café, plátano y yuca sin consentimiento de sus dueños y sin que existiera una justificación de “necesidad militar”. En un caso emblemático, la familia Nolavita, del pueblo Kogui, perdió su finca, 12 vacas, tres mulas y varias hectáreas de cultivos; cuando intentó regresar, el predio estaba ocupado por terceros que decían haber comprado la tierra a la guerrilla.
No era robo, era saqueo
Para la JEP, estos hechos cumplen los elementos del crimen de guerra de saquear: apropiación de bienes, intención de privar a sus propietarios y uso personal de lo despojado. El magistrado Óscar Parra recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe el pillaje y “cualquier forma de robo o apropiación indebida de bienes que tengan gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”.
