La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a Electricaribe por el presunto manejo irregular de $187.227 millones que fueron destinados a la empresa para subsidios de los estratos 1 y 2 de la región Caribe desde el año 2011 hasta el 2016.
Los protagonistas de la historia se dividen en dos bandos: Electricaribe y los 690.000 usuarios a los que el Gobierno giraba recursos para un descuento mensual en la factura que nunca recibieron, porque Electricaribe, en vez de descontarlo en la factura, presuntamente los sumaba a la contabilidad de su empresa para hacer menos graves sus pérdidas.
Estos hallazgos se dieron gracias al uso de la inteligencia artificial, la cual permitió a la Contraloría estudiar alrededor de 64 millones de recibos de los años 2016 y 2017, que corresponden a cerca de 800.000 usuarios por mes.
