Este jueves 23 de abril, la Asamblea del Cesar fue el escenario de un debate de control político por el deterioro prematuro de la vía Aguas Blancas-Codazzi. El diputado Jesús Suárez expuso una línea de tiempo marcada por retrasos y omisiones, mientras que el secretario de Infraestructura departamental, Jorge Maestre, argumentó que iniciaron acciones legales recientes contra los contratistas e interventores.
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Durante su intervención, Suárez detalló que la obra inició con un presupuesto de 73.633 millones de pesos y terminó costando 107.000 millones de pesos tras una recategorización para elevarla a vía secundaria.
La entrega estaba proyectada para abril de 2021, pero el Consorcio Vial Codazzi-Aguas Blancas solicitó ocho prórrogas que extendieron el plazo 20 meses más. La Gobernación recibió el proyecto a satisfacción el 23 de mayo de 2023, a pesar de que el acta de entrega ya registraba patologías en los terraplenes y subbases que el contratista se comprometió a subsanar, y de que la ciudadanía venía advirtiendo sobre el uso de materiales deficientes desde principios de 2022.
¿Negligencia en la Gobernación del Cesar?
El diputado cuestionó la falta de acción institucional posterior a la entrega. Señaló que diez meses después de recibir la vía no había maquinaria trabajando y los requerimientos del gobierno departamental carecían de contundencia.
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Detalló que en un recorrido alcanzó a contar 88 huecos; incluso, en 2024 una tractomula sufrió pérdida total por el mal estado del corredor. Para Suárez, el contratista recibió el desembolso total y se desentendió de la obra sin dar respuesta a las solicitudes oficiales.
¿Qué dijo la Gobernación del Cesar?
En su turno de respuesta, Jorge Maestre hizo precisiones sobre la línea de tiempo del proyecto. Aclaró que la iniciativa se gestó en el gobierno de Francisco Ovalle y se ejecutó durante el mandato de Luis Alberto Monsalvo, demorando en total 34 meses hasta su finalización.
Al asumir la Secretaría en enero de 2024, Maestre indicó que recibió la advertencia formal de que el contrato no estaba liquidado y requería seguimiento por las fallas evidentes en la capa asfáltica.
El secretario reconoció los problemas para lograr que los constructores asumieran su responsabilidad. Tras enviar requerimientos formales sin respuesta a lo largo de 2024 y principios de 2025, la administración departamental decidió recurrir a los jueces.
El 15 de abril de este año instauraron una acción de tutela que obligó al contratista a responder en 48 horas, respuesta que llegó justo el día anterior al debate en la Asamblea. Además, el 21 de abril interpusieron otra tutela contra Seguros del Estado para presionar el cumplimiento de las pólizas y vincularon a la interventoría en el proceso.
Maestre enfatizó que la póliza de la obra tiene vigencia hasta el 2028, pero explicó que la ley exige que sea la interventoría la que cuantifique el daño y los kilómetros a intervenir antes de poder iniciar un proceso sancionatorio.
También reveló que el contratista se escuda argumentando que ejecutó estrictamente lo que indican los diseños originales. Ante esta situación, el secretario anunció que, una vez se determine con exactitud si la falla provino del diseño, la consultoría, la ejecución o la interventoría, radicará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría para que el departamento recupere los recursos y la vía sea reparada.
