Cada mes, las familias deben destinar una parte de su presupuesto para pagar el recibo de energía. Sin embargo, existe un detalle en la facturación que muchos usuarios pasan por alto y que marca la diferencia entre un cobro manejable y uno difícil de pagar. Se trata del consumo de subsistencia, una regla impuesta por el Gobierno nacional que determina exactamente hasta dónde llega el beneficio del subsidio eléctrico.
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Para un departamento como el Cesar, ubicado a menos de 1.000 metros sobre el nivel del mar, este límite está fijado de manera estricta en 173 kilovatios hora al mes. El Estado asume que esta es la cantidad de energía necesaria para cubrir las necesidades básicas en una zona de clima cálido. Las familias de estrato 1 reciben un descuento del 60 % sobre ese tope, mientras que las viviendas de estrato 2 obtienen un 50 % de reducción. El salto financiero ocurre cuando el medidor supera esa barrera, ya que la empresa comercializadora comienza a cobrar cualquier consumo adicional a tarifa plena, sin ningún apoyo estatal.
Un ejemplo familiar
Para comprender cómo esta norma afecta el bolsillo, veamos el caso de Ana, una residente de un barrio de estrato 2 en Valledupar. En la actualidad, el costo del kilovatio pleno en la región ronda los $879 pesos. Gracias a la clasificación de su vivienda, Ana tiene derecho a un subsidio del 50 %, lo que significa que el valor de su energía cobijada por el Estado se reduce a la mitad, quedando en $439 pesos por kilovatio.
