El sostenimiento de una persona privada de la libertad representa un gasto millonario para el Estado colombiano. Alimentación, servicios de salud, vigilancia, infraestructura y programas de atención hacen parte de los recursos que deben destinarse para garantizar las condiciones básicas de quienes permanecen en los establecimientos penitenciarios del país.
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De acuerdo con las cifras presupuestales del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario para la vigencia 2026, reveladas por el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, el costo promedio anual por persona privada de la libertad asciende a $40.960.345, lo que equivale aproximadamente a $3.413.362 mensuales.
La cifra, que fue revelada en audiencia pública convocada por la Corte Constitucional para buscar soluciones a la crisis penitenciaria y carcelaria, adquiere especial relevancia en Valledupar, donde la cárcel de alta y mediana seguridad conocida como La Tramacúa alberga a una población superior a su capacidad instalada. Durante una visita realizada el 12 de mayo de 2026, magistrados de la Corte Constitucional inspeccionaron el establecimiento y conocieron que para ese momento había 1.746 internos, pese a que el penal cuenta con 1.600 cupos.
