La nueva crisis de la red pública hospitalaria del Cesar no es un episodio aislado, sino otra señal de un sistema que viene agonizando desde hace décadas, entre cierres de servicios, suspensión de contratos y deudas crecientes de las EPS con hospitales e IPS del departamento. Lo que hoy se discute en mesas técnicas y comunicados de los entes territoriales ya se ha vivido con la intervención y crisis de Nueva EPS en el Cesar, los paros de usuarios en Valledupar, las suspensiones del Grupo Clínica Médicos y la sobreocupación de instituciones clave como el Instituto Cardiovascular y el Hospital Rosario Pumarejo de López.
En esta ocasión, la alerta la encendieron los propios gerentes de los hospitales públicos, que advierten que, si no hay pagos en los próximos días, están a punto de detener servicios a partir del 1 de agosto. La gobernadora Elvia Milena Sanjuan Dávila lo dijo sin eufemismos: “Nos estamos enfrentando a que los hospitales se ven obligados a parar sus actividades, dejar de atender pacientes, porque no cuentan con el recurso financiero suficiente para prestar el servicio, a partir de la alta cartera que tienen con ellos las EPS”.
355 mil millones en deuda y ocho hospitales en el límite
En una mesa técnica extraordinaria —la número 38 de seguimiento financiero— se puso sobre la mesa la cifra que resume la magnitud del problema: las EPS que operan en el Cesar adeudan a 28 ESE e IPS del territorio 355.969 millones de pesos a corte de junio. De ese monto, 255.000 millones corresponden a EPS intervenidas por el Estado, es decir, compañías sobre las cuales el propio gobierno tiene control formal, pero que, en la práctica, no están pagando.
